GASTEIZ. Las quejas tramitadas por los ciudadanos vascos ante el Ararteko por problemas con la tramitación y percepción de las ayudas sociales se triplicaron en 2012 y pusieron en evidencia serios problemas en la gestión de estas prestaciones por parte de Lanbide. Esta es una de las principales conclusiones del informe anual de la actividad del Defensor del Pueblo de Euskadi. El ararteko Iñigo Lamarca hizo entrega ayer de este informe a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y explicó las 11.770 actuaciones llevadas a cabo por la institución a lo largo del pasado año (consultas, visitas, quejas y actuaciones de oficio). Este número supone un aumento del 43% en relación con 2011.

Los ciudadanos presentaron un total de 2.943 quejas y el Ararteko dio la razón al reclamante y concluyó que existía una actuación incorrecta por parte de la administración pública en el 55% de los casos analizados. La respuesta es positiva en términos generales y ocho de cada diez administraciones interpeladas por sus errores corrigieron su procedimiento o decisión. Los datos del Ararteko ponen de relieve un crecimiento exponencial de las quejas relacionadas con las prestaciones y programas de lucha contra la exclusión social. El número de reclamaciones en esta área ascendieron el pasado ejercicio a 1.010 frente a las 329 de 2011 y las escasas 32 de 2010, y la inmensa mayoría tienen su origen en problemas ligados al "mal funcionamiento" de Lanbide.

Estos problemas están ocasionados habitualmente por la tardanza en los procedimientos de solicitud de la renta de garantía de ingresos (RGI) o el complemento de vivienda, la denegación de estas prestaciones o su suspensión. "Esta compilación de problemas está en manos de la nueva Administración y su actitud es muy positiva, va a analizarlas para tratar de mejorar la gestión de las ayudas". "Hay un compromiso público para que la petición y trámite de las ayudas se realice en el plazo más breve posible", afirmó Lamarca.

cambio de modelo Para el Ararteko es evidente que Lanbide "no funcionó bien el año pasado, hubo mala praxis administrativa, la anterior Administración era consciente de ello y el argumento que daba es que los problemas nacían de que la transición entre modelos no se hizo en las condiciones adecuadas, la demanda aumentó y la consecuencia fue el colapso de Lanbide en la gestión de la RGI y el complemento de vivienda". El cambio de modelo que impulsó el Gobierno López consistió en pasar la gestión de la RGI y el complemento de vivienda de las Diputaciones Forales a Lanbide para relacionar así estas prestaciones con la inserción laboral de los beneficiarios. "Este objetivo era loable, pero no todos los perceptores de RGI están en condiciones de trabajar, un porcentaje importante son pensionistas, hay personas con incapacidad permanente, etc". "No pongo en cuestión el modelo ni su objetivo -agregó-, pero sí que tenemos que constatar que la gestión de la RGI presentó muchas deficiencias".