Vitoria. Quedarse en la calle no es la solución. No puede serlo nunca. La plataforma Kaleratzeak Stop Araba ha convocado una asamblea este martes a las 20.00 horas en la iglesia del barrio vitoriano de Zabalgana para agrupar a todas las personas que se han visto afectadas por la suspensión -de momento, cautelar- de las subvenciones concedidas por el programa Vitalquiler para el pago de viviendas arrendadas. Una supresión que, según los perjudicados, puede suponer "en muchos casos" la subida del precio de los pisos en menos de un mes escaso, lo que conllevará para la mayoría tener que dejar sus casas.

La unión hace la fuerza. Bien lo sabe Kaleratzeak Stop, tras la paralización de varios casos de desahucio en Vitoria. Por eso, la plataforma confía en que la convocatoria de la asamblea se propague para reunir a todos los afectados. La reunión tiene como objetivo "definir acciones" con las que visibilizar el conflicto, reivindicar la situación de las personas perjudicadas y echar freno a las intenciones de la Obra Social de Caja Vital. La institución reconoció que las subvenciones se han suspendido "de forma cautelar", a la espera de que se adopte "una decisión definitiva sobre el futuro del programa". Y esas declaraciones maquilladas por la incertidumbre hacen ponerse ya en el peor escenario posible.

De ahí la reacción social de la plataforma antidesahucios, o de las primeras contestaciones políticas. El representante de la candidatura por una Caja Social y Solidaria en la Caja Vital, afín al PSE, Felipe García, se comprometió ayer a defender el mantenimiento de las subvenciones a las personas que residen en los pisos del programa bancario "con los mismos baremos que hasta ahora". Vitalquiler surgió en 2004 y aglutina un parque de 981 viviendas de protección oficial en los barrios de Salburua, Zabalgana y Lakua. Los adjudicatarios pagan un alquiler en función de su renta y del número de integrantes de la familia y el contrato es por cinco años, aunque la cuantía se revisa anualmente. Además, a una parte de estos inquilinos se les conceden ayudas. Las mismas que ahora parecen pender de un hilo.

Los afectados recuerdan que ellos han invertido "una gran cantidad de dinero" en amueblar la casa, pagan el impuesto de bienes inmuebles y asumen los gastos por desperfectos. Contraprestaciones que esperan sean tenidas en cuenta: muchos de ellos, advierten, podrían quedarse en la calle el próximo mes.