Vitoria. Es un ejemplo claro de la maraña burocrática y judicial de los procedimientos administrativos. Veinte años después de que el Gobierno Vasco sacara a concurso público las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), la adjudicación sigue en el aire. Tras un enmarañado proceso de recursos administrativos y, más tarde, en los tribunales, en 2007 la justicia constató fallos en la adjudicación y dictó realizar de nuevo la valoración de las ofertas. A consecuencia de ello, las ITV de Jundiz y Bergara deberían haber cambiado de empresa concesionaria, pero la cosa se complicó. Finalmente, un nuevo auto judicial aclaraba en julio del año pasado que el Ejecutivo vasco tenía que ejecutar los términos de la sentencia de 2007 y adjudicar dichas estaciones a la empresa bilbaína ITA Asua, perjudicada durante el concurso.
Pese a que no caben más recursos a esta ejecución, el asunto sigue estancado en los despachos del Gobierno Vasco. El último auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), fechado en julio de 2012, establecía que la nueva adjudicación a ITA Asua se debía ejecutar en el plazo de dos meses desde esa fecha, aun si se interponía un recurso. Pese a esta c, el Gobierno del PSE no dio solución a la demanda de la nueva concesionaria, pese a las constantes peticiones de esta de que ejecutara la sentencia. El actual Ejecutivo jeltzale ha heredado el problema.
Daños y perjuicios Un portavoz de la empresa ITA Asua advirtió el pasado noviembre al Gobierno Vasco de que el retraso en la formalización de los contratos a los que obligan las sucesivas sentencias, que se remontan a 2007, podría derivar en una posible reclamación por daños y perjuicios contra la Administración vasca.
Hay que remontarse al año 1993, fecha en el que el servicio de ITV se prestaba directamente por la Administración vasca y por varios talleres autorizados. El entonces Departamento de Industria y Energía -dirigido por Jon Azua (PNV)- convocó aquel año un concurso para adjudicar el servicio en régimen de concesión durante 30 años. Para ello se dividió en cuatro lotes con un criterio geográfico. Cada uno de ellos contenía una de las estaciones preexistentes pertenecientes al Gobierno Vasco, además de otra que cada adjudicataria debía comprometerse a construir.
Ya durante el procedimiento del concurso, se presentaron alegaciones pero finalmente en noviembre de 1993 el BOPV publicó la adjudicación de los cuatro lotes. A partir de ahí comenzaron los recursos en vía administrativa. Con posterioridad, tres empresas recurrieron por vía contencioso-administrativa ante los tribunales. La complejidad del asunto se resume en que tanto el TSJPV como el Tribunal Supremo (TS) tardaron prácticamente siete años cada uno en resolver los respectivos recursos.
No fue hasta el año 2001 que el TSJPV dictó sentencia, que estimaba parte de los recursos y establecía que el Gobierno Vasco debía efectuar una nueva valoración, auto que fue recurrido por la Administración vasca y las licitadoras afectadas. Finalmente, el 26 de diciembre de 2007, el Tribunal Supremo resolvió los recursos de casación mediante una sentencia que ordenaba la retroacción de las actuaciones administrativas al momento anterior a la adjudicación de 1993 para que el Gobierno efectuara una nueva valoración conforme a otros criterios, que restaba puntuación a dos de las empresas adjudicatarias.
A efectos prácticos, significaba que el cuarto lote, el que correspondía a las ITV de Urnieta e Irun, debía ser adjudicada al grupo Itevelesa, en prejuicio de la multinacional alemana TÜV Rheinland Ibérica, que fue la empresa concesionaria en el concurso de 1993.
Pero es que, además, la falta de claridad del Tribunal Supremo al exponer sus fundamentos sobre el tercero de los lotes, el correspondiente a las estaciones de Jundiz y Bergara, llevó a las partes a pedir aclaraciones. En el último de esos autos aclaratorios, fechado en abril de 2009, el TS zanjaba cualquier duda y pedía al Ejecutivo vasco que volviera a hacer la valoración, lo que de facto implicaba que ITA Asua debía convertirse en la concesionaria de las ITV que en el concurso de 1993 se adjudicaron a la empresa Luybas, ahora denominada Iteuve Euskadi y perteneciente a la multinacional Applus.
"Sin dilación" Con alguna que otra nueva providencia judicial de por medio, llegó abril de 2010, fecha en que el por entonces consejero de Industria, el socialista Bernabé Unda, declaró en el Parlamento Vasco la intención del Gobierno de Patxi López de acatar la sentencia de las ITV "sin dilación y con el menor daño patrimonial para la Administración", con la aprobación, prevista para junio de aquel mismo año, de las nuevas adjudicaciones.
Nada de ello se realizó y ha sido preciso esperar al auto de TSJPV del pasado mes de julio para fijar definitivamente la obligación del Gobierno Vasco de ejecutar la sentencia y adjudicar las estaciones de Jundiz y Bergara a ATA Asua. Pero, a día de hoy, nada ha cambiado e Iteuve Euskadi -conocida antes por Luybas- sigue prestando el servicio de inspección de vehículos.
La lectura de la situación en la que se encuentra el proceso enfrenta a las partes. El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad alega que la vía judicial sigue abierta porque están recurridos dos autos de ejecución de sentencia. A juicio de la Administración vasca, la sentencia ordenaba la repuntuación de las ofertas de las empresas concurrentes, que ya se ha hecho, no que se cambie de adjudicatario. Pero, según la empresa ITA Asua, dichos recursos no paralizan la ejecución de lo ordenado por el Supremo en 2007.
Con todo, fuentes del departamento añaden que, nada más llegar al Gobierno, el nuevo equipo pidió un informe jurídico para conocer los pasos a dar por vía administrativa en ese complicado asunto. Asimismo prevé solicitar otro informe a la Oficina de Control Económico. Insistieron, asimismo, en que los principios que mueven sus actuaciones son "el respeto a la legalidad y las resoluciones judiciales" y el hecho de "garantizar el servicio" de las ITV.
ITA Asua era la única empresa vasca que gestionaba una ITV -en concreto, la de Asua- de todas las que se presentaron al concurso de 1993 y tuvo que disolverse tras aquel fallo. La firma se muestra dispuesta a hacerse cargo de la concesión de inmediato, al tiempo que muestra su compromiso de asumir a los actuales trabajadores de las estaciones de Jundiz y Bergara.
Segundo lote cuestionado No termina aquí la cosa. El cuarto lote, el correspondiente a las ITV de Urnieta e Irun, sigue en los tribunales. Una nueva sentencia de 2010 del Supremo anuló la nueva adjudicación a Itevelesa por un defecto de forma y remitió el caso al TSJPV para que retrotraiga las actuaciones al año 1994. No ha habido sentencia aún y TÜV Rheinland Ibérica sigue gestionando estas inspecciones guipuzcoanas. Fuentes de Itevelesa también manifestaron que, al termino del proceso, la empresa podría reclamar una indemnización contra el Gobierno Vasco por daños y prejuicios.
