vitoria. La Diputación alavesa aprobó ayer un proyecto de norma foral para endurecer las medidas contra el fraude fiscal y "acorralar" a quienes defraudan, con el fin de convertirse en la administración que "más y mejor" recauda. El diputado general, Javier de Andrés, indicó tras el Consejo de Diputados que las 39 modificaciones que prevé introducir en la Norma General Tributaria, en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas buscan perseguir "con la máxima firmeza" a quienes "se burlan de la gran mayoría de contribuyentes que están al corriente de sus pagos".

El diputado de Hacienda, Aitor Uribesalgo, explicó por su parte las principales medidas que incluye este proyecto, que deberá superar el trámite de las Juntas Generales para ser aprobado. Entre otras cosas, la Diputación plantea establecer la obligación de informar sobre los bienes y derechos en el extranjero y fijar un régimen sancionador para quienes los oculten, que va desde los 10.000 euros hasta el delito penal.

De Andrés avisó de que con la nueva regulación que quiere aprobar, si se descubre la existencia de bienes no declarados en el extranjero, nunca prescribirán y se considerarán como ocultados. "Y lo que se tenga en el extranjero y se declare tendrá que contribuir conforme a la regulación tributaria", subrayó. El proyecto contempla endurecer las sanciones por fraude fiscal, limitar los pagos y gastos deducibles de las empresas, así como endurecer la responsabilidad en caso de fraude fiscal. Además, prevé que la Hacienda foral pueda impedir a una persona que está siendo investigada por fraude fiscal vender bienes inmuebles de las sociedades que posee hasta que se resuelva su expediente.