su vida ahora cabe en dos maletas. Es lo que los responsables de emergencias y los Bomberos de la capital alavesa le dejaron sacar de su piso. El resto de sus pertenencias y buena parte de sus recuerdos aún reposan en lo que queda del apartamento. Sí, en lo que queda, ya que ahora la vivienda malvive sin el suelo de la cocina y del baño y de parte del recibidor, que se precipitó sobre el resto del bloque hace casi dos meses. Lo peor de todo es que, dadas las circunstancias, a nadie le extrañó lo ocurrido. Cuando el suelo de la morada empezó a temblar el pasado 8 de diciembre, María Eugenia Barandica sabía qué era lo que iba a pasar. Sucedió lo mismo hace tres años, cuando parte del segundo de este número 10 de la calle Cubo de la capital alavesa se precipitó sobre el primero. Ahí, precisamente, comenzó el calvario de esta joven. Y no únicamente por la catástrofe inmobiliaria, que también. Parte de los desvelos de esta vecina comienzan en las puertas de los distintos despachos del Ayuntamiento de Vitoria, propietario del 85% del edificio. Las decisiones del Gobierno municipal, en manos del PP de Javier Maroto, -o la falta de éstas aún a sabiendas de lo que acontecía- parecen constituir el argumentario suficiente y necesario con el que reprochar la inacción de la institución.
En ello están los abogados. Podría haber materia prima con la que revestir una posible demanda en el Contencioso. Y mucha, al menos, a los ojos de María Eugenia. Mientras relata su drama doméstico no duda en mostrar parte de su experiencia en el trato con los diferentes funcionarios y cargos municipales con los que ha tenido que lidiar sin que, por el momento, su empeño haya encontrado receptividad. De despacho en despacho, de decepción en decepción. Nadie ha sabido o ha querido saber cómo ayudarla en los Departamentos de Hacienda, Urbanismo y Edificaciones. Colecciona órdenes y disposiciones municipales, carpetas repletas de documentos y sinsabores. Tantos como personas se han desentendido de su situación.
La historia de este despropósito comenzó hace mucho. María Eugenia decidió adquirir su piso en una subasta hace 12 años. Desde entonces, y en la medida de sus posibilidades, lo convirtió en un hogar. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, quiebros y requiebros. Una vez cumplidas las cuotas de protección por las que tributaba la vivienda, ésta se convirtió en libre y María Eugenia Barandica decidió ponerla a la venta.
Sin embargo, el calvario estaba a punto de empezar. Hace tres años se derrumbó parte del suelo del segundo sobre el primero, por lo que ambos pisos quedaron precintados e inhabitables. Sobre el resto de viviendas se decidió no actuar. Desde el servicio municipal de Arquitectura se hizo una revisión ocular de los estragos y del estado de lo que quedaba en pie. La visita, según relatan desde el bloque, no incluyó ni la visita al tejado ni catas sobre los materiales. Sin embargo, la conclusión fue clara: el bloque requería de una rehabilitación integral. Habría que levantar suelos y forjados y rehacer, ya que el bloque adolecía de problemas estructurales derivados del mal estado de los materiales, que datan de los primeros años de la década de los 40 del pasado siglo, con la madera de las vigas podrida.
Pese a la notoriedad de los debes del edificio, los responsables municipales consideraron que no había riesgo para las personas que aún moraban en el bloque. Ahora, una vez conocido el significado de no hay riesgo, el drama de los residentes y propietarios del bloque adquiere otra dimensión.
Tras aquella situación, los propietarios del piso que se vino abajo encargaron un proyecto de ejecución de obra para poner fin a los problemas de la vecindad. Sin embargo, en el Departamento municipal de Edificaciones nadie fue a recoger el citado documento. Al menos no quien lo había encargado. Sin embargo, el Ayuntamiento, en su función de propietario, asumió el informe, circunstancia que levantó las suspicacias del resto de vecinos. En cualquier caso, desde sede municipal se decidió socializar los gastos del citado proyecto. Lo hizo de manera prorrateada entre todos los propietarios. Parecía que se ponían las bases para arreglar el desaguisado.
Sin embargo, no se hizo nada. Ni se ejecutó el proyecto de obra ni se remediaron los males endémicos de un edificio herido de gravedad en su propia estructura, pese a lo dictaminado por el arquitecto que se encargó de evaluar los daños tras la primera catástrofe. Y eso que el Consistorio es el propietario del 85% del bloque.
En el peregrinar por los distintos servicios municipales implicados, Barandica se topó con la explicación que argumentaban desde el Departamento municipal de Hacienda para no asumir la responsabilidad como propietario. "Te dicen que no se hace nada por falta de fondos". Curiosa circunstancia. Atrapada en un edificio que amenaza ruina y en la que la comunidad de propietarios, es decir, fundamentalmente el Ayuntamiento, no hace nada, ni siquiera acceder a valorar posibles soluciones alternativas, como reubicar a los vecinos en otros pisos de alquiler social. Incluso se llegó a barajar la opción de un alquiler cuyo coste recaería en la junta de propietarios, pero ninguno de ellos quiso comprometerse por escrito a satisfacer la renta de una nueva vivienda para María Eugenia. "Sigo pagando la hipoteca de mi piso derrumbado. Ahora, encima estoy en el paro. ¿Qué hago si alguien no paga? ¿Lo tengo que asumir yo? Ya no me la juego. No puedo", certifica. La única opción lógica pasaría por una permuta por una VPO. Y ni siquiera se ha mirado ni se han pasado a hacer una tasación sobre el piso, entendiendo éste como si no hubiera sufrido los fallos que ha sufrido.
Así aguanta, con su vida precintada y a medio camino de ninguna solución. Con su hija en la casa de su madre, y ella, con su pareja. Pese a todo, sigue adelante. Llama a puertas y oficinas. Incluso a la del propio alcalde. A él accedió gracias a la virtualidad de las redes sociales, en la que el munícipe acostumbre a dejar pareceres y a anunciar logros propios y ajenos. Internet abre ventanas insospechadas, que María Eugenia aprovechó para plantear su problema. Y lo que son las cosas. Lo que no había logrado en su peregrinar municipal lo logró con simples mensajes. Javier Maroto contestó presto y mostró interés por el expediente de esta gasteiztarra. La receptividad del primer edil parecía surtir efecto. El desdén se transformó en interés en los despachos que antes no habían aportado ninguna solución. Sin embargo, nada se sustanció en hechos ni en soluciones y llegó el 8 de diciembre y, con él, una vuelta de tuerca extra a una situación dantesca. El piso de María Eugenia no aguantó y parte del suelo se precipitó. Dos o tres días después los responsables de la inspección decidieron precintar el nuevo piso afectado -realmente, la medida se trasladó a toda la mano afectada; la otra, continua con sus inquilinos haciendo vida normal- y ordenar el desalojo definitivo.
"Es mi vida la que está en esa casa", resume. Sin embargo, sus ruegos, en este caso, han caído en saco roto. Explica que en el Consistorio le han trasladado que no tienen la obligación de realojarla. Curiosa paradoja, ya que la inacción se extiende como institución garante de derechos y como propietario. Incluso, en sus múltiples reuniones ha llegado a soportar un desdén manifiesto, donde un alto cargo llegó a echarla en cara el hecho de sorprenderse por el derrumbe de su vivienda teniendo en cuenta el precio de ésta. Todo un dechado de virtudes para un servidor público.
