Vitoria. El tira y afloja entre la empresa que gestiona Garoña y el gobierno de Rajoy continúa tras la parada provisional de la planta el pasado domingo. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, asegura ahora que el coste en impuestos que debería afrontar la central nuclear en caso de continuar en 2013 son inferiores al lucro cesante de 400 millones de euros que registrará la planta en caso de cierre, según los cálculos de su propietaria, Nuclenor. "Cuando el Gobierno anterior decidió que el cierre fuera en 2013 y no en 2019, la propia empresa presentó un recurso ante la Audiencia Nacional en el que indicaba que cerrar en 2013 y no en 2019 produce un lucro cesante de 400 millones. Si usted suma los nuevos impuestos más la inversión adicional, está por debajo de esos 400 millones de lucro cesante", afirmó el ministro.
Soria realizó esta consideración después de recordar que Nuclenor ha atribuido a los nuevos impuestos la decisión de cierre de la planta. "Cuando nos plantearon a principio de la legislatura la posibilidad de ampliar de 2013 a 2019, nos pusimos en marcha en el proceso, y cuando estábamos en marcha la propia empresa no solicitó la prórroga formalmente, ahora con el argumento de que los impuestos van a ser muy altos", señaló.
Por este motivo, considera que "será la empresa la que tenga que explicar a sus accionistas en junta general, en las respectivas comarcas afectadas y a sus trabajadores por qué adopta ahora esta decisión, contraria a lo que decía antes y a lo que había planteado el Gobierno". El ministro recordó, además, que "quien ha dicho que el cierre es definitivo es la empresa" y que el objetivo del Gobierno es lograr "una combinación lo más equilibrada posible entre todas las tecnologías, y la nuclear es una de ellas, máxime cuando estamos hablando de instalaciones como Garoña, ya amortizadas desde hace años".
El vaivén de noticias sobre el futuro de Garoña no cesa a falta de poco más de 24 horas para que Madrid fije las tasas que han de pagar las centrales nucleares. De momento, Álava -que siempre se ha posicionado en contra del cierre de la planta- continúa a la expectativa hasta no saber definitivamente si la actividad se clausura o el anuncio es un órdago más de Nuclenor.
