vitoria/oviedo. El Ararteko, Iñigo Lamarca, y varios defensores del pueblo reclamaron ayer al Gobierno medidas para que las ayudas públicas que reciban los bancos reviertan a la ciudadanía mediante la renegociación de préstamos hipotecarios o destinando parte de sus inmuebles a alquiler y viviendas sociales.
Ésta es una de las doce medidas legislativas, sociales y económicas que los defensores del pueblo consideran que deben ponerse en marcha con urgencia para frenar los desahucios y garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Así se señala en la declaración que han suscrito los defensores de Andalucía, Cataluña, Galicia, Euskadi, Canarias, Aragón, Valencia, Castilla y León, Navarra, Murcia y Asturias, junto al adjunto primero a la Defensora del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán. Todos ellos participan en Oviedo en una jornada dedicada en exclusiva a evaluar la gravedad del problema de los desahucios y a analizar medidas y experiencias en la protección al derecho constitucional a la vivienda.
Lamarca expuso en este foro una ponencia titulada Los desahucios: un acuciante problema social que precisa de un enfoque de derechos humanos. Recordó que los poderes públicos deben hacer uso del máximo de los recursos disponibles para garantizar la realización efectiva del derecho humano a la vivienda para todas las personas. Y recomendó al Gobierno Vasco que fortalezca el servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar y también el de mediación hipotecaria, asistencia que, en su opinión, debe ser integral y dirigida a prevenir y evitar en la medida de lo posible la ejecución de los bienes hipotecados.
Además, defendió la modificación de la legislación estatal para establecer un procedimiento obligatorio de mediación hipotecaria, generalizar la dación en pago y permitir que el juez pueda suspender la ejecución forzosa de desahucios hasta que se analice el fondo del asunto.
