Pamplona. Era consciente que próximamente iba a ser desahuciado del domicilio en el que residía como alquilado desde hace más de diez años. De hecho, desde las 12.00 horas de ayer, su desalojo podía producirse en cualquier momento. Pero Manuel Reguera Castro, de 59 años de edad y vecino de la localidad navarra de Doneztebe, decidió quitarse la vida antes de que el juzgado ejecutase el lanzamiento por el impago de 4.217 euros del alquiler que adeudaba a los propietarios de la vivienda, un matrimonio de la misma localidad baztanesa.

El cuerpo del fallecido fue hallado ayer por la mañana en su dormitorio, en el domicilio situado en el Barrio San Miguel, número 27, en la segunda planta, con síntomas evidentes de haberse quitado la vida. Fue su compañera sentimental, una mujer de nacionalidad brasileña, la que alertó del hallazgo.

El fallecido, que era viudo y había perdido hace ocho años a su único hijo en desgraciadas circunstancias, había retirado incluso la mayor parte de sus enseres, esperando ser desalojado.Agentes de la Policía Foral, de la comisaría de Elizondo, se desplazaron hasta el lugar del suceso, mientras que los restos mortales de la víctima fueron trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal de Pamplona.

A pesar de los múltiples requerimientos verbales que los arrendadores le habían hecho, Manuel Reguera no conseguía estar al corriente en el abono de las mensualidades, que se iban acumulando, sobre todo a partir del año 2010 y en los dos ejercicios siguientes. No obstante, las desavenencias derivadas del incumplimiento del pago de las rentas habían comenzado tres años antes, según indicaron ayer fuentes cercanas al caso.

Sin embargo, y por "consideraciones personales" hacia el propio arrendatario, que llevaba más de diez años residiendo en la vivienda situada en el barrio de San Miguel, los propietarios de la vivienda no habían adoptado ninguna decisión al respecto de los impagos. De hecho, el último contrato de arrendamiento firmado entre las partes tuvo lugar el 1 de diciembre del año 2009, cuando ya se habían producido los primeros conflictos entre ambas partes.

La problemática, sin embargo, se fue dilatando y enquistando con el paso del tiempo. Además de retrasos en el abono de las cuotas, el malogrado inquilino también realizaba pagos parciales de las mensualidades o dejaba de pagar otros conceptos asociados al alquiler, como la electricidad o el agua, explicaron las mismas fuentes.

demanda judicial Tras adoptar la resolución de romper la relación contractual como consecuencia del impago de las rentas, los propietarios del piso decidieron interponer una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pamplona, que en resolución del 25 de septiembre acordó requerir al demandado para que en el plazo de diez días desalojase el inmueble o, como alternativa, abonase a los arrendadores la totalidad de la deuda. En concreto, la cantidad reclamada por los propietarios del piso ascendía a 4.217,29 euros, derivados del impago de una decena de mensualidades, a razón de 365 euros cada una de ellas, y otros gastos parciales dejados de abonar.

En la misma resolución judicial, el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona establecía que el lanzamiento o desahuicio de la vivienda tendría lugar ayer, 28 de noviembre, a las 12.00 horas, en el caso de que no satisfaciese la deuda contraída con los demandantes o desalojase el inmueble.

pendiente de ejecutar A pesar de que ayer era la fecha para que se llevase a cabo el desalojo, fuentes judiciales explicaron que por razones sin concretar no iba a ejecutarse, quedando pendiente para los próximos días. En ningún caso, añadieron estas fuentes, se había suspendido o paralizado el lanzamiento, ya que el juzgado solo puede adoptar una medida de esta naturaleza a instancias de la parte demendante, en este caso, de los propietarios de la vivienda, algo que no había tenido lugar.

La muerte de Manuel Reguera trascendió ayer durante el acto de toma de posesión de Jose Antonio Sánchez Sanchez- Villares como nuevo fiscal superior de Navarra, en el que, al iniciar su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández, mostró su pesar por los ocurrido. El magistrado quiso trasladar "sus condolencias más sentidas" a la familia de la víctima, cuya muerte, advirtió, no es imputable a la Administración de Justicia.