Vitoria. La gente se arroja por la ventana. Decide quitarse de en medio ahorcándose, como el kiosquero de 54 años que esta semana se ha suicidado en Granada antes de que una comisión judicial ejecutase el desahucio de su casa. Son actos de desesperación en estado puro. Y también una terrible evidencia de la perversión del sistema bancario español que, pese a haber sido rescatado con dinero de todos, se muestra implacable con quienes no pueden afrontar su deuda. Todo porque la ley le ampara. Hoy más que nunca, la sociedad civil exige que se cambie una ley por la que en el primer trimestre del año se dejó en la calle a 46.559 familias, 517 desahucios al día.

Nueve familias son desahuciadas en Euskadi cada día. ¿Se puede creer en la justicia?

Existe un grave problema con los lanzamientos por impagos de renta, por incumplimientos de obligaciones contractuales o por desatención de las hipotecas. Es necesario que haya una respuesta legislativa que alivie a quien está en situación precaria, como ha apuntado un reciente estudio que auspició el Consejo General del Poder Judicial. Esos cambios legislativos son imprescindibles en tiempos de crisis, porque permiten equilibrar el derecho del acreedor a cobrar sus créditos con el de los deudores a recibir un trato que garantice su derecho a la dignidad. Los juzgados pueden actuar en tal sentido interpretando las normas, pero el ordenamiento jurídico es insuficiente y necesita de una repaso para garantizar ciertos derechos, como la inembargabilidad, el realojo, la limitación de la responsabilidad patrimonial universal o la posibilidad de la dación en pago.

Cada vez son más insistentes las voces de la sociedad civil e incluso dentro de la propia judicatura que claman un cambio en la legislación que evite situaciones extremas como el suicidio ocurrido en Granada. ¿Qué cambios se deberían realizar?

Son de diverso tipo. En general, garantizar un mayor grado de inembargabilidad de ciertos bienes, hasta ahora muy limitada. Se precisa una regulación del sobreendeudamiento, que existe en toda Europa. Hace falta también un tratamiento más equitativo de las personas físicas que están en concurso, discriminadas frente a las personas jurídicas. Hay que estudiar la regulación del derecho al realojo y la modificación de la Ley Hipotecaria para permitir dación en pago. Y finalmente, cambiar el sistema de ejecución hipotecaria, muy desequilibrado, según los expertos del CGPJ. Por otro lado, los bancos que se acogen al rescate debieran hacer algún esfuerzo para rescatar también a personas que no pueden pagar su vivienda, facilitando su continuidad en el hogar familiar de cualquiera de las maneras que admite el derecho.

¿Qué margen de maniobra tiene un juez cuando la ley es tan precisa?

Debe cuestionar su acomodo a exigencias supralegales. La Constitución o la Declaración Universal de Derechos Humanos garantizan el derecho a la vivienda digna, y no es posible atender ese derecho si las leyes no regulan procesos que garanticen la igualdad de armas. El proceso de ejecución hipotecaria es un ejemplo de cómo un deudor queda prácticamente indefenso porque son poquísimas las oportunidades de defensa que permite la norma. Habría que suprimir este proceso y permitir una oposición a la ejecución semejante a la de cualquier otro deudor.

La dación en pago es una de las alternativas que más suenan.

Es una posibilidad que ya existe legalmente. En teoría, se puede pactar con el banco. En la práctica, solo grandes empresas consiguen un pacto como ese. Lo cierto es que muchas resoluciones judiciales están cuestionando que pueda seguirse atacando el patrimonio del deudor una vez ha perdido la vivienda, pero son decisiones que hacen una interpretación legal minoritaria. Sería conveniente que esa posibilidad de liberación fuera general para evitar los abusos que han ocurrido con la concesión de créditos desmedidos, muy por encima del valor de la vivienda, y que además comprometían una proporción exagerada de los ingresos del deudor. Lo que en otros países se considera concesión abusiva de crédito, acarreando consecuencias a quien irresponsablemente ha otorgado un préstamo que era probable que no pudiera pagarse.

Un grupo de seis magistrados del CGPJ han firmado un informe en el que proponen diversas medidas para modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria que se tilda de "privilegiado" para los intereses de los bancos. ¿Qué opinión le merece que el pleno del gobierno de los jueces se haya negado a admitirlo a trámite?

Es un mayúsculo error. El CGPJ tendría que haber atendido esas sugerencias que se han hecho desde una perspectiva técnica y que tratan de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de forma real. Lo que dicen esos magistrados es lo que pensamos todos: que la ley favorece a una de las partes y que es preciso que se reforme para garantizar alguna igualdad de armas entre quienes discuten si es procedente o no el abono de un crédito.

¿Qué opinión le merece el contenido del informe?

Comparto casi todo lo que contiene. Es más, me parece muy tibio en algunas materias. Podría haber ido más lejos, pero el solo hecho de que se elabore, que se haya hecho público y que haya suscitado un enorme interés en la opinión pública me parece un éxito. Prueba que entre los jueces hay una gran sensibilidad social y el convencimiento de que las normas, en este momento, no responden a las exigencias de trato parejo que debieran caracterizar un Estado democrático y social.

Entre otras medidas para afrontar el incremento de desahucios, el citado documento sugiere la modificación del régimen de tasación de viviendas, un aumento de las atribuciones de los jueces en este tipo de procedimientos e incluso que parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado se extiendan al cliente. ¿Es legalmente posible?

Todo es posible porque se trata de que la propiedad cumpla una función social, y que la riqueza del país se distribuya de forma que garantice que no exista riesgo de exclusión social. Esos principios los proclaman las fuentes de nuestro entramado legal, y por lo tanto, podrían adoptarse de existir una sensibilidad del legislador que las acogiera. Hace mucho tiempo que se dice que los bancos, los principales beneficiarios de las ayudas de todos, a los que estamos ayudando con nuestros impuestos a salir de su deficitaria situación, tienen que hacer algún gesto, y atender las necesidades de quienes no pueden afrontar el pago de su vivienda podría ser una de ellas. Es cierto que los bancos no tienen que hacer caridad, pero si reciben la solidaridad de los ciudadanos para superar su complicada situación, tienen que hacer otro tanto con aquéllos que padecen una precaria situación y no tienen alternativa.

Los desahucios se han convertido en la máxima expresión de que solo hay justicia para algunos, permítame, para los de siempre. ¿Cómo es posible que cada ciudadano haya puesto 1.900 euros para rescatar a la banca y que nada ni nadie obligue a los bancos a ser solidarios?

Quizá el movimiento que muchas organizaciones como Jueces para la Democracia, la plataforma contra la hipoteca, Stop Desahucios, la Cumbre Social y muchos otros sirvan para que el legislador afronte esta demanda social. Ahora hay en trámite iniciativas parlamentarias de partidos de la oposición, del Parlamento de Catalunya y peticiones de muchos ciudadanos en tal sentido. Los expertos del CGPJ se han decantado en tal sentido. Esperemos que fructifiquen en un cambio legal.

¿Cuáles son los intereses que prevalecen para que no se cambie la ley respecto a la ejecución de las hipotecas?

Desde luego proteger el crédito es esencial. Sin ello, no hay seguridad jurídica. De lo que se trata es de que las leyes garanticen igualdad de armas, que el Estado Social se plantee el derecho al realojo, que las leyes sean más justas asegurando un tratamiento de las personas físicas parecido al de las personas jurídicas en situación de insolvencia, que los acreedores sacrifiquen parte de sus créditos para permitir una segunda oportunidad al deudor de buena fe y, en definitiva, que no excluyamos a nadie por no ser capaz de afrontar la calamidad que supone estar en situación de paro, divorcios, enfermedades, atención a dependientes y otras semejantes.

¿Qué nivel de responsabilidad tiene el Legislativo para que la situación haya llegado al punto actual?

Nos falta desarrollar normas parecidas a la Unión Europea en materia de insolvencia y sobreendeudamiento. Y todo el sistema financiero europeo y mundial un mayor control, de modo que no vuelvan a aparecer crisis por falta de encauzamiento de la economía libre de mercado. El control y la exigencia de buena fe, que atajen los abusos y la especulación desmedida, el acaparamiento sin límite, es esencial para que no vuelva a producirse una situación como la actual. Con buenos reguladores muchos de los abusos actuales no se hubieran producido. Pero en eso el liberalismo ganó la batalla a los intervencionistas y así nos va.

Ya nos hemos acostumbrado a que el Gobierno cambie las leyes y el 'statu quo' de la sociedad del bienestar vía decreto ley ¿El Ejecutivo debería, o está en su mano, ser igual de ágil y expeditivo en esta cuestión?

Sin duda. Si el gobierno ha dictado más de veinte Decretos Legislativos en menos de seis meses, uno que proteja a los deudores hipotecarios podría aprobarse mañana mismo.