Bruselas. La última vez que el Consejo de Europa evaluó cómo aplican las autoridades españolas la carta europea de lenguas regionales y minoritarias, entre ellas el euskera en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, fue en el año 2008. Desde entonces ha llovido mucho pero, según denuncia el tercer informe presentado ayer por este organismo intergubernamental, con sede en Estrasburgo, siguen persistiendo muchas lagunas entorno a la protección y promoción del euskera. Especialmente en dos ámbitos: la Justicia y la Administración pública estatal y los servicios públicos.
En el caso de la CAV y la Justicia, el informe admite que pese a los esfuerzos de las autoridades vascas y las señales que apuntan a un aumento en la capacidad lingüística del personal judicial, ha habido muy pocos avances en cuatro años y "el euskera sigue siendo raramente utilizado en los procedimientos".
Para empezar porque "pocos jueces, jueces decanos, secretarios judiciales y fiscales tienen las suficientes aptitudes para conducir procedimientos enteramente en euskera" y, en segundo lugar, porque aquellos que sí podrían, no están habituados a hacerlo. Además, denuncian que está práctica "sigue estando obstaculizada por la sistemática traducción al castellano, aunque ninguna de las partes lo haya solicitado", y por el hecho de que las notificaciones, documentación, sentencias y el papeleo en general se realizan en lengua española.
Por tercera vez, el organismo europeo insta de nuevo a las autoridades españolas a modificar la legislación para garantizar que los ciudadanos que así lo soliciten puedan utilizar el euskera en los procedimientos judiciales y exigen un aumento en el número de jueces y fiscales capaces de utilizar el euskera como lengua de trabajo.
Y es que, según cifran, de los 5.023 jueces y magistrados que hay en el Estado español -según el consejo general judicial- solo 17 han certificado su conocimiento de la lengua vasca. Esta limitada cifra no significa, según el texto, que no haya más jueces capacitados en euskera. De hecho, según el mismo informe, actualmente hay "35 jueces, 16 secretarias y 18 funcionarios públicos con capacidad para trabajar en euskera".
Administración pública Los mismos problemas persisten también en relación a la Administración pública estatal, con una baja proporción de personal con conocimientos de euskera, entre el 15% y el 25% según la información transmitida desde los ministerios, y todavía menos con la capacidad de trabajar en esta lengua. Además, el uso del euskera no está sistemáticamente garantizado, la publicación de información es muy desigual y los ciudadanos no son conscientes de sus derechos cuando se dirigen a las oficinas de la Administración central del estado.
"La fotografía general es que el uso del euskera en los cuerpos administrativos del Estado es muy desigual. Las autoridades deberían adoptar una actitud proactiva y una política estructurada para asegurar que las autoridades administrativas utilizan el euskera de una forma más regular y sistemática", recomiendan. Según señalan, apenas un tercio de los formularios están disponibles en la CAV y prácticamente solo lo están en castellano.
El estudio, elaborado en base a visitas realizadas en 2011, también tiene algunas recomendaciones para las autoridades vascas. Reconoce que pese a los esfuerzos que se han realizado, sigue habiendo margen para mejorar en el uso del euskera, tanto en la Ertzaintza como en Osakide-tza, donde siguen detectando falta de personal con la capacitación lingüística adecuada. El informe menciona, según datos remitidos por el Gobierno Vasco, que el 50% del persona del Departamento de Sanidad habla euskera, pero que trabaja esencialmente en castellano.
Además, el Consejo de Europa recoge en su informe quejas de organizaciones no gubernamentales sobre la escasa presencia del euskera en los servicios públicos gestionados por empresas privadas. Concretamente, denuncian que no se tiene en cuenta a la hora de contratar personal de servicios o a la hora de diseñar páginas web. "Animamos a las autoridades a insertar en las licitaciones la obligación del uso del euskera", señalan.
En cuanto a la educación, vuelven a recalcar los progresos conseguidos por el modelo D aunque instan al Gobierno Vasco a garantizar "una oferta suficiente" de euskera dentro del nuevo modelo trilingüe.
un canal en euskera en Navarra La fotografía sobre Navarra es todavía más preocupante. Y es que no solo suspenden el nuevo examen lingüístico la Justicia y los servicios públicos, debido a la escasa presencia de personal capaz de utilizar el euskera como lengua de trabajo, sino también persisten las dudas en materia de educación y sobre los medios de comunicación por la incapacidad del gobierno de Yolanda Barcina de garantizar la creación de una radio y televisión en euskera. Según advierten los expertos, si el Ejecutivo navarro rehusa cubrir los costes de recepción de EITB con la nueva televisión digital, los euskaldunes de esa comunidad no podrán ver la televisión en su lengua cuando desaparezca la emisión analógica.
"Si la televisión regional en Navarra es inadecuada o inexistente, las autoridades navarras están obligadas a asegurar la creación de un nuevo canal de televisión en euskera", advierten los expertos.
A su juicio, el gobierno de Barcina debería entender que las retransmisiones de EITB no solo son van en interés de la CAV sino también como su propia obligación. El Consejo de Europa también insta a crear una radio en euskera y urge a las autoridades navarras a adoptar una actitud positiva para facilitar la actividad de la única que ofrece una programación en euskera en la zona urbana de la comunidad, Euskalerria irratia, una radio a la que persistentemente ha dejado fuera del reparto de licencias y de ayudas.
