Vitoria. La nueva cárcel de Zaballa -oficialmente denominada Centro Penitenciario Araba/Álava- acostumbra a acaparar titulares desde que abrió sus puertas hace ahora un año. En ese periodo, las críticas han alertado de los fallos y carencias estructurales de la instalación, de las condiciones de trabajo del personal de seguridad de la misma -denunciadas ante Inspección de Trabajo- o de los desgraciados óbitos de al menos dos de sus inquilinos. Sin embargo, hasta la fecha nada se sabía de otras circunstancias que ahora sí que han salido a la luz y que este diario ha podido constatar. Entre ellas, las diferencias surgidas entre el Consorcio de Aguas de Iruña de Oca -encargado del abastecimiento en la zona- y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la hora de satisfacer la minuta por el agua consumido en la prisión. De momento, tales desavenencias han provocado que el recibo del agua de la cárcel se acumule sin pagar desde hace nueve meses, que significaría unos 30.000 euros en condiciones normales. Tal circunstancia, sin embargo, podría solucionarse en breve ya que existe una negociación abierta entre ambas entidades para intentar consensuar el precio por el metro cúbico de agua que consume el centro penitenciario. Hasta ahora, la disparidad de criterios sobre la tipología de la tarifa a aplicar ha impedido el cobro efectivo de las facturas.

Sobre el particular, desde el Consorcio de Aguas de Iruña de Oca, su presidente, Davide di Paola, que también es presidente de la Junta Administrativa de la localidad de Trespuentes, estima que los recibos aún no cobrados responden a "incomprensiones" entre los rectores de la cárcel y los del citada entidad, que es la encargada de la prestación del servicio público de captación y distribución de agua potable, fundamentalmente, en el municipio de Iruña de Oca, en el que se enclava Zaballa.

A juicio del citado responsable institucional, existen discrepancias sobre la tarifa que habría que aplicar al presidio, discordancias que se tratarían de superar en una negociación abierta entre las dos partes en la que se habría avanzado sensiblemente a lo largo de las últimas semanas. En cualquier caso, y si tal proceso de conversaciones no llegara a buen puerto, desde el Consorcio -participado en su dirección y administración por las juntas administrativas del municipio, el Ayuntamiento de Iruña de Oca y la Diputación Foral de Álava- se ha preferido adoptar medidas para cubrirse la espalda.

Entre ellas, la solicitud de un informe jurídico de parte, elaborado por asesores ubicados en la capital del Estado. Este documento trataría de aclarar, bajo criterios de Derecho, los puntos de fricción con la cárcel, como el tipo de tarifa a aplicar al presidio por el agua que consume. Lógicamente, sería mucho más oneroso el recibo si a efectos impositivos se considera a Zaballa una industria que si se le concede el trato de una entidad de carácter público o asistencial. Ahí, precisamente, residiría la disparidad de criterios a la hora de afrontar y entender la fórmula elegida para el pago de la tasa de aguas de la discordia.

Al respecto, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se indicó ayer a este periódico que "no existen impagos ya que ni siquiera se han emitido facturas". Tal afirmación completaría el discurso del Consorcio de Aguas, con el que esta entidad estatal negocia el precio del agua consumida. En principio, tal y como ha podido conocer este rotativo, la tarifa impuesta en un primer momento sería muy elevada, hasta el punto de casi triplicar el precio que se aplica a las localidades a las que se sirve el agua. La diferencia al respecto sería notable. Según las fuentes consultadas en Instituciones Penitenciarias, las tarifas impuestas a la cárcel alavesa ascenderían a 1,43 euros el metro cúbico, cuando otras entidades de la comarca estarían pagando por lo mismo 0,50 euros.

En cualquier caso, y pese a las desavenencias entre las dos partes, lo cierto es que las conversaciones habrían encauzado un principio de entendimiento, que podría sustanciarse en un acuerdo en una próxima reunión que, de no existir inconvenientes de última hora, se celebrará a lo largo del próximo mes de octubre. En cualquier caso, ahora se estaría más cerca de un acuerdo que hace unos meses, tal y como consideran las fuentes consultadas en el Ministerio de Interior, del que depende Instituciones Penitenciarias.