Bilbao. Al final no serán las dudas sobre su seguridad, ni la presunta obsolescencia o las protestas de colectivos sociales y organizaciones ecologistas las que logren el cierre de la central nuclear de Garoña. Una posibilidad que parece bastante cercana después de que el Gobierno español y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se mostraran en contra de ampliar el plazo para que la empresa propietaria de la planta burgalesa solicite una prórroga de su funcionamiento hasta el año 2019.
Ayer el Gobierno español, a través de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que no va a dar ningún paso para impedir el cierre de Garoña, sino que es su empresa propietaria, Nuclenor, la que ha cambiado de opinión y la que tiene dar explicaciones. Por su parte, el CSN alegó razones técnicas para no dar más tiempo a la empresa para presentar su solicitud de prórroga. Estos posicionamientos son interpretados como el primer paso para el cierre y desmantelamiento de Garoña, que tendría que dejar de funcionar en julio de 2013.
Soraya Sáenz de Santamaría recordó ayer que Nuclenor pidió una prórroga de la vida útil de Garoña hasta 2019 y consiguió un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, tras lo cual el Gobierno revocó parcialmente una orden ministerial de Industria para hacerlo posible. Sin embargo -dijo la vicepresidenta- "ahora dicha empresa considera que puede no estar interesada en esa renovación". En opinión de Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, una vez finalizado el plazo para pedir más tiempo de vida útil "Garoña está en una especie de limbo y su continuidad exigiría retorcer bastante la ley, algo que ni el Gobierno ni el CSN parecen dispuestos a hacer". Por eso, considera que "el Gobierno da por cerrada la central y echa la culpa a las empresas eléctricas propietarias".
Aunque Iberdrola y Endesa, las copropietarias de la central, ya han explicado que su decisión de no presentar la solicitad de prórroga en el plazo establecido -que concluyó el pasado miércoles- se debe a la "incertidumbre regulatoria" que pesa sobre el sector eléctrico y a las dudas sobre los costes que esto implicaría, un portavoz del colectivo ecologista Eguzki aseguró que "estos argumentos económicos no son más que una excusa para eludir su responsabilidad por el incumplimiento de las exigencias en materia de seguridad y para no reconocer el triunfo y la razón del movimiento ecologista".
Raquel Montón explicó que, sin prórroga, a Garoña le quedan nueve meses de funcionamiento, por lo que en breve tendría que presentar el plan técnico de cierre "y si la empresa no lo presenta, el CSN tendrá que exigirlo con urgencia". Puntualizó que esta premura es uno de los argumentos del CSN para no ampliar el plazo de solicitud, ya que los planes técnicos para el desmantelamiento requieren tiempo.
"Cierre patronal" En este sentido, Raquel Montón señaló que son "las propias empresas eléctricas las que están demostrando la inviabilidad económica de la energía nuclear". "Con una central amortizada como es Garoña, que produce beneficios, que cuenta con todos los parabienes y todas las posibilidades que el Gobierno le ha ofrecido para continuar, no se entiende que las empresas rechacen alargar su funcionamiento, a no ser que la energía nuclear no sea tan barata como dicen", explicó la representante de Greenpeace. Sobre los posibles efectos económicos y laborales del cierre de la central a partir de 2013 Raquel Montón recordó que "quienes han planteado un cierre patronal son las empresas propietarias y si alguien deja sin empleo a los trabajadores son estas compañías, que se han negado a continuar funcionando". Para el portavoz de Eguzki es imprescindible que las instituciones exijan a las empresas un plan económico integral para todo el área del Valle de Tobalina, de forma que se resuelva la problemática laboral que puede acarrear el cierre.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, dijo ayer que la decisión de Nuclenor de renunciar al permiso de explotación es una "frivolidad absolutamente incomprensible" por parte de Endesa y de Iberdrola, ya que ambas empresas solicitaron al Gobierno la derogación de la orden ministerial con la que el Gobierno socialista propuso el cierre de esa central nuclear para 2013. Apuntó que el año pasado Garoña produjo 466 Megawatios, el 6,5% de la producción eléctrica nuclear y un 1,3% del total de la producción eléctrica estatal. A su juicio, representa "una parte muy importante" de la producción energética, máxime cuando es una central nuclear cuyos costes económicos fueron ya hace tiempo amortizados.
