MILENA Velasco y Juan Carlos Martínez tienen tres hijos e ingresan 700 euros al mes. La pareja resultó adjudicataria de una vivienda de alquiler social del programa Vitalquiler de la Caja Vital, por la que deben abonar 509 euros mensuales que consumen la mayor parte del dinero que entra en casa y que les ha llevado a una situación límite. Milena y Juan Carlos empezaron a endeudarse con la entidad hasta arrojar un saldo negativo de 3.000 euros, y hace un par de semanas recibieron una citación judicial que, de terminar en un juicio perdido, duplicará su deuda al tener que hacerse cargo de las costas del proceso.

La familia pasará a engrosar, además, la lista de los desahuciados en Álava como consecuencia de la crisis, un fenómeno creciente al que se intenta hacer frente incluso desde el Gobierno Vasco, pero que seguirá presente mientras el desempleo siga su irrefrenable escalada. Kaleratzen Stop y 15M Araba hicieron pública ayer la situación de esta familia, que ha decidido recurrir a una justicia gratuita que también atraviesa por sus propias dificultades, para denunciar "el incumplimiento de las bases y normas del proyecto Vitalquiler". Según estas plataformas, el programa de la entidad financiera alavesa, ahora integrada en Kutxa, "se presenta como un alquiler social, pero nada mas lejos de la realidad, ya que de las 981 viviendas de protección oficial que anuncian, solo 80 tienen una parte de alquiler subvencionado por la Obra Social de la Caja Vital".

Kaleratzen Stop y 15M Araba critican además que se publicite que "todos los pisos están equipados con cocina", cuando "el inquilino esta obligado a pedir un préstamo a Caja Vital de 6.000 euros para comprar electrodomésticos", además de tener que hacer frente al pago del IBI, las tasas de basuras y la comunidad.

Según estas dos plataformas, Milena y Juan Carlos intentaron renegociar su situación con la Caja Vital el pasado mes de febrero. La pareja propuso el cambio a un piso mas pequeño con menor renta, y ante la negativa de la entidad optó por acudir a Alokabide. En las dependencias de la sociedad de alquiler de vivienda del Gobierno Vasco se llevaron una desagradable sorpresa; habían sido borrados del registro de solicitantes de Etxebide al entender el Ejecutivo autónomo que ya tenían cubierta su necesidad de vivienda.