DONOSTIA. Para su esposa, Rosa Cobos, separada de Bravo en la actualidad, pide una pena de 6 años y tres meses de cárcel por blanqueo de capitales (tres años y nueve meses) e insolvencia punible (dos años y medio), tras retirar la acusación por malversación por la que solicitaba tres años y 10 meses de prisión.
En la fase de conclusiones definitivas de la vista que se celebra desde el pasado 16 de abril en la Audiencia de Gipuzkoa en Donostia, el fiscal ha retirado la acusación contra Pedro Atristain, quien fuera socio de Bravo.
Por su parte, la acusación particular que ejerce Miguel Alonso Belza en nombre de la Diputación de Gipuzkoa y las Juntas guipuzcoanas ha solicitado una pena de 27 años de prisión para Bravo, frente a los 30 que pedía inicialmente, y de siete y medio para Cobos, cuando inicialmente solicitó ocho años y cinco meses.
El fiscal ha considerado probado que Bravo recibió dinero de una treintena de contribuyentes que no ingresó en las cuentas de la Hacienda foral. De este modo, ha señalado que el "exhaustivo" informe de los peritos "acredita" que las cantidades entregadas en metálico o cheques por contribuyentes a Bravo no están en las cuentas de la Hacienda.
Lo mismo ha considerado que ocurre con los testimonios de los contribuyentes afectados y los justificados de cobro presentados por estos con la firma de Bravo.
El fiscal ha indicado que para la apropiación del dinero de contribuyentes Bravo recurrió a una operación "muy simple", ya que el dinero que recibía para saldar deudas tributarias no se aplicaba y se dictaban resoluciones de insolvencia para que no hubiera más reclamaciones de la Hacienda al contribuyente, que "resultó "efectiva" más dado el "conocimiento" que el acusado tenía del funcionamiento de Hacienda.
Por otro lado, ha censurado que de los 37 expedientes de esta causa hay 14 en los que no constan documentos originales o no aparecen, algo que ha considerado "voluntario" por parte del acusado, al tiempo que ha destacado el "daño" ocasionado con este presunto fraude "en un sector especialmente sensible" el de la actividad tributaria.
Al respecto ha subrayado que el hecho de que Bravo empleara "cierta forma de coacción" para "apropiarse dinero del contribuyente" provocan "alarma social y daño a la institución".
En cuanto al delito de blanqueamiento capitales ha destacado que Bravo y Cobos tenían más de 1,8 millones de euros en créditos cancelados, a lo cual no pueden hacer frente "familias normales" y hacían frente mensualmente a cuotas de créditos de hasta 7.000 euros. A ello ha añadido que Cobos y Bravo tenían un "nivel de vida alto que no se podía corresponder con sus ingresos".
Respecto a la esposa de Bravo el fiscal considera que conocía que el origen "ilícito" del dinero del que disponía ella y su marido y participó "activamente en su blanqueo". El fiscal solicita el comiso de bienes de Bravo y Cobos hasta el límite de 1,9 millones de euros, dinero "apropiado" de los contribuyentes que "ha aflorado" en los préstamos, propiedades y bienes del matrimonio.
Por otro lado, ha retirado su acusación contra Atristain porque "no ha quedado acreditado ningún lucro ilícito" del mismo como socio de Bravo, "ni hay datos suficientes" para considerar que conocía la comisión de delito.
Miguel Alonso Belza, abogado de la acusación particular, también ha considerado acreditadas "todas" las acusaciones contra Bravo y Cobos.
El abogado defensor de Bravo, Jesús Urraza, ha solicitado la absolución de su cliente y ha impugnado el informe de los peritos que concluye que el dinero abonado por los contribuyentes a Bravo para saldar sus deudas no fue ingresado por éste en las cuentas de la Hacienda foral.
"DESPROPORCIÓN BRUTAL"
Además, ha trasladado que en caso de que la sentencia sea condenatoria acudirán al Tribunal Supremo. A juicio de Belza, la "desproporción absolutamente brutal" de la petición de 24 y 27 años de cárcel para Bravo que "no ha matado a ninguna persona".
En este sentido, ha recordado que la condena de seis años de cárcel impuesta por la Audiencia de Bizkaia al expresidente de la ONG Anesvad, José Luis Gamarra, por un delito continuado de apropiación indebida de 7,5 millones de euros de la entidad.
El juicio por el presunto fraude de la Hacienda de Irún continuará este miércoles a partir de las 09.30 horas con el informe de la defensa de Cobos, Mari Cruz López, y el derecho de los acusados a pronunciar la última palabra con lo que el caso quedará visto para sentencia.
