Donostia. El cementerio donostiarra de Polloe fue el escenario ayer de una nueva exhumación para comprobar la existencia de restos humanos en otro posible caso de bebés robados. Esta vez, el ataúd contenía restos óseos, según pudo saber este periódico.
El desenterramiento, llevado a cabo por una familia que quiso preservar su intimidad, sacó a la luz el contenido de un féretro en el que, supuestamente, se inhumó un bebé que murió en un hospital meses después de su nacimiento, según señaló a este diario Amadeli Díaz, responsable de la asociación SOS Bebés Robados.
La apertura de la tumba tuvo lugar a primera hora de la mañana bajo orden judicial y con la participación de forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal.
La exhumación de ayer es la segunda que se lleva a cabo en el camposanto donostiarra. La primera tuvo lugar en enero en el panteón de la familia Losa-Ocariz, sin que aún se haya determinado la existencia de restos humanos. En el ataúd se hallaron una tela, cuyo interior contenía residuos, una pinza de cordón umbilical y una pulsera de identificación sin cortar.
El tercer desenterramiento se desarrolló en Itsasondo también en enero y tan solo se localizaron unos trozos de madera, dado que los restos humanos allí inhumados se trasladaron a un osario general.
En Bizkaia, se intervino en una tumba del cementerio de Derio, que albergaba residuos, pelos, una pinza del cordón umbilical, tela y puparios (cápsula que envuelve en la fase larvaria a los insectos que participan en la putrefacción de los cadáveres).
Además, la empresa Neodiagnóstica ha investigado en otros dos ataúdes, en los que sí aparecieron restos humanos.
tolosa Por otra parte, la Fiscalía de Gipuzkoa ha recurrido el fin de la investigación que el Juzgado de Instrucción número 4 de Tolosa llevaba a cabo por el presunto robo de un bebé al poco de su nacimiento y que había archivado al entender que el asunto había prescrito.
El juzgado tolosarra decidió sobreseer las diligencias que había abierto por este presunto caso de detención ilegal, suposición de parto y alteración de paternidad de un menor que habría ocurrido en junio de 1976. El texto judicial explicaba que, transcurridos más de 30 años, desde la supuesta comisión del delito investigado, correspondía declararlo "extinguido por prescripción" y la "terminación de la causa criminal".
Contra esta decisión, la Fiscalía de Gipuzkoa interpuso un recurso de reforma ante el citado juzgado y subsidiariamente en reforma ante la Audiencia de Gipuzkoa al entender que los hechos denunciados no habrían prescrito, al tiempo que demandó la práctica de las oportunas diligencias de investigación.
En su escrito, al que ha tenido acceso la agencia Efe, el Ministerio Público aclara que en este asunto, nos encontramos "indiciariamente" ante un caso de detención ilegal en el que la víctima, el bebé presuntamente robado, "no es consciente de ser sujeto pasivo de este delito".
Por este motivo, "en el supuesto de acreditarse la veracidad de los hechos denunciados, la conducta ilegal y penalmente relevante de privación de libertad, permanecería en la actualidad, por lo que ni siquiera se habría iniciado el cómputo de los plazos" para su prescripción.
