E L fenómeno de los desahucios está lógicamente ligado a la crisis económica global, pero sobre todo está íntimamente interconectado con la debacle de un país que durante años ha estimulado e impulsado una insostenible burbuja inmobiliaria. Durante toda la pasada década, comprar un piso digno en Euskadi y en todo el Estado costaba lo mismo que adquirir una vivienda de lujo en muchos países europeos, y en la sociedad caló la idea de que aquello era normal. El precio del suelo subía y subía gracias a la especulación y el sector de la construcción se convertía en un gigante con pies de barro, cuyos números escondían la crónica ausencia de inversión en economía productiva, en I+D o en educación por parte de los sucesivos gobiernos españoles. Bastaba con seguir huyendo hacia adelante, hasta que el globo se pinchó.

Toda la sociedad -bancos, gobiernos y ciudadanos- tuvo su parte de responsabilidad en aquello y toda la sociedad está pagando las consecuencias, pero nadie con tanta crudeza como quienes han perdido el hogar en el que depositaron todas sus esperanzas de futuro.

Hoy muchas de aquellas personas que con dos sueldos normales se metieron en un préstamo de cincuenta, sesenta o setenta millones de las antiguas pesetas, el último eslabón en la larga cadena de la burbuja inmobiliaria, están en la calle y ahogadas por sus deudas. Tanto hipotecados como acreedores asumieron el riesgo de firmar deudas por valor de más de la mitad de los ingresos disponibles, aquejados por la euforia de la gran mentira en la que vivía el país.

avalistas amenazados El aval de los padres a la primera vivienda de sus hijos, o a un negocio, se convirtió en un mero formulismo para poder firmar, nadie se ponía en lo peor, pero lo peor llegó, y además de golpe. Los alaveses han conocido varios ejemplos de ese desahucio al avalista. Aurelia, vecina del Casco Viejo vitoriano, puso su propia casa, e incluso la de un vecino, como garantía para un negocio de su hijo que no prosperó. Obdulia, de Areta, rehipotecó la casa que ella y su marido, ya fallecido, habían pagado hacía años, para financiar la empresa de un hijo que un buen día dejó de pagar sus cuotas. Ahora Stop Desahucios le asesora en su negociación con el banco para que no se quede en la calle.

Otro perfil habitual es el de la propia Gloria Rodríguez, no afectada tanto por la crisis como por el hecho de verse sola con hijos a su cargo. Las mujeres que están en esta situación tienen una especial dificultad para insertarse en un de por sí mermadísimo mercado laboral, pues el cuidado de los niños, además de generar gastos, reduce al mínimo la disponibilidad horaria de la aspirante a un empleo.

Sin embargo, normalmente el caso más frecuente de desahucio es también el más apegado a la crisis económica, y no tiene tanto que ver con negocios frustrados o situaciones familiares sobrevenidas. Es tan simple como que cada vez más personas, u hogares completos, pasan a engrosar los cinco millones largos de parados que gobiernos y demás instituciones ven crecer trimestre tras trimestre sin mostrar ninguna capacidad de frenar la sangría.

Buena parte de esas personas tenían una vivienda en propiedad comprada a un precio muy elevado que ya no pueden pagar porque están en el paro. Muchos trabajaban en la construcción y carecen de una formación adecuada para emplearse en algo no relacionado con el ladrillo. Al no reaccionar a tiempo y tratar de negociar con el banco, se ven un día con una orden de desahucio en la puerta. A este colectivo, el grueso de los amenazados por la ejecución hipotecaria, se dirige Stop Desahucios, cuya portavoz, Marta Uriarte, aconseja tomar medidas cuanto antes y no dejarse llevar por la vergüenza que muchas veces atenaza a quien nunca se había visto en una situación semejante.

Pero hay un nuevo perfil entre quienes se quedan sin hogar por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. No sólo tienen problemas para satisfacer sus deudas quienes compraron pisos libres a un alto precio, también hay adjudicatarios de VPO que se han visto desalojados, y sus casas sacadas a subasta, pese a tratarse de viviendas protegidas. Durante el pasado año, 21 alaveses fueron desalojados de sus pisos otorgados mediante sorteo por el impago de la hipoteca, una cifra que contrasta con los apenas cinco casos registrados en Bizkaia y, sobre todo, con el hecho de que en Gipuzkoa ni un propietario de VPO fuera desahuciado durante 2011.