Vitoria. El debate lleva vigente décadas. Se busca la mejor fórmula para gestionar y tratar los residuos urbanos y no se acaba de dar con la fórmula adecuada. En Euskadi también estallan polémicas y el último capítulo ha sido la reciente decisión de paralizar, por seis meses, el proyecto de la planta incineradora de Zubieta en Gipuzkoa. El acuerdo fue suscrito por la Diputación y el PNV con el objeto de "analizar detenidamente la situación y tomar las decisiones pertinentes", por lo que habrá que esperar hasta el 30 de junio para conocer si finalmente se construirá la incineradora. De ser así, la de Zubieta sería la undécima infraestructura de estas características en el Estado y la segunda de Euskadi, después de la vizcaína de Zabalgarbi.

Las diez plantas de valorización de residuos se reparten por todo el Estado, aunque la mayoría de ellas se ubica en la mitad norte. Exactamente ocho de ellas se encuentran en esta parte de la península, repartidas entre Bizkaia (Zabalgarbi), Cantabria (Meruelo), Galicia (Cerceda), Madrid (Tirmadrid) y Catalunya, comunidad en la que operan cuatro incineradoras: las de Mataró, Girona, Tarragona y Sant Adrià de Besòs. Las dos últimas plantas del Estado se localizan en Melilla y Palma de Mallorca.

Según un estudio socio-económico elaborado por Greenpeace acerca de la incineración de residuos urbanos en el Estado, las diez plantas tratan más de 1,9 millones de toneladas de residuos al año, una cifra que podría incrementarse en los próximos años tras la entrada en funcionamiento de nuevas infraestructuras. No en vano, varias comunidades están analizando la posibilidad de construir nuevas incineradoras o ampliar las existentes.

Sin ir más lejos, Navarra está estudiando la opción de comenzar a valorizar los residuos urbanos en los hornos de la cementera Pórtland de Olazti, en Sakana.

La decisión no ha sido aprobada aún, pero este proyecto ya ha suscitado la oposición frontal de los municipios del entorno y de los colectivos ecologistas.

En Valencia, Castellón, Alicante y Tenerife también se están analizando las posibilidades de construir nuevas plantas, mientras que en Madrid, Mallorca y Bizkaia se han planteado la opción de ampliar sus instalaciones.

En todos estos lugares se han producido protestas y movimientos ciudadanos en contra de las incineradoras. Este mismo verano, la Plataforma de Vecin@s de Altsasu en contra del proyecto de valorización de residuos en la cementera de Olazti organizó una manifestación y más de 2.000 personas acudieron a la cita.

Polémica Los opositores temen por las consecuencias medioambientales que puedan provocar estas plantan. Aseguran que incinerar es "la forma más peligrosa e insostenible de llevar a cabo el tratamiento de residuos" y advierten de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que "las dioxinas pueden causar cáncer en distintas partes del organismo".

En el otro extremo, la Confederación Europea de Plantas de Valorización Energética defiende este modelo de gestión de residuos porque entiende que "la incineración forma parte indispensable del conjunto de sistemas para el tratamiento de la basura". De lo contrario, advierte, "entre el 30% y 40% de los residuos tendrían que seguir siendo arrojados a los vertederos".

Según datos aportados por la confederación, en la Europa de los 27 existen 440 plantas de estas características, en las que se incinera el 20% de los residuos generados en el continente. El 40% restante es llevado a los vertederos, el 23% se recicla y el 17% se transforma en compost.

A pesar del panorama que reflejan estos datos, la situación varía mucho de un país a otro, ya que algunos Estados han apostado fuertemente por el modelo de las incineradoras, mientras otros apenas cuentan con infraestructuras de estas características.

Por ejemplo en Suiza, Holanda y Alemania existen 49, 39 y 35 plantas, respectivamente, una cifra tres y cuatro veces superior a la del Estado español, que se sitúa en la mitad de la tabla en el ranking de uso de este procedimiento.