Vitoria. Álava es la provincia donde menos inmobiliarias han cerrado como consecuencia de la crisis. A lo largo del último año el 26% de los locales ha tenido que echar la persiana, aunque en todos los casos se trata de franquicias. De momento, ninguna Agencia de la Propiedad Inmobiliaria (API) se ha visto obligada a tomar una decisión tan extrema, aunque no descartan tener que hacerlo durante los próximos meses en vista de que la situación no mejora.
Según un informe realizado con motivo del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), las repercusiones están siendo algo menores en Álava que en el resto del Estado, donde desde 2010 el 38% de las inmobiliarias presentes ha tenido que interrumpir su actividad. El panorama es mejor también si se compara con el resto de Euskadi, donde el cierre ha afectado al 36,1%.
Quienes trabajan en el sector, sin embargo, no se muestran tan optimistas. Si bien la caída sólo ha repercutido de momento en las franquicias, el resto se ha visto obligado a aplicar ajustes de personal no deseados. "Hemos tenido que bajar el sueldo de nuestros trabajadores y adaptar las plantillas. De momento, así, estamos consiguiendo aguantar pero en el futuro también nos podemos ver obligados a cerrar", explica José Ricardo Arce, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Álava (COAPI).
El número de operaciones de compra-venta en Álava continúa estancado. Éstas se limitan principalmente a la Vivienda de Protección Oficial y a los pisos de alquiler. "Hacemos alguna venta esporádica de vivienda libre, pero se siguen sin apreciar signos de recuperación; la crisis nos está golpeando duramente". A juicio del presidente del COAPI el precio de los pisos no ha bajado lo suficiente como para dar salida al parque de viviendas disponible en el territorio, y en su capital, Vitoria, principalmente. A su juicio, los propietarios no están suficientemente concienciados de la gravedad de la situación, y prefieren mantener sus viviendas vacías con la esperanza de que la cosa mejora. "Están esperando a que la crisis desaparezca y eso no pasa; no se dan cuenta de que el que no baje el precio de su vivienda no la va a vender", añade.
¿Precios más bajos? Desde que en 2008 se produjera el estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios de las viviendas han bajado, pero no lo suficiente como para que Euskadi deje de engrosar la lista de las autonomías más caras para comprar. Según revelan algunos de los últimos informes elaborados, la CAV es la cuarta comunidad que menos baja sus pisos respecto al año pasado, con un 4,9%. En la actualidad, adquirir una vivienda de 70 metros cuadrados en el País Vasco cuesta en torno a los 230.500 euros. El lugar más caro es Donostia, con 5.653 euros por metro cuadrado, lo que la sitúa como la capital menos barata del Estado, seguida de Bilbao, con 3.959 euros. En octava posición se encuentra Vitoria, con 2.949 euros. Nada que ver con Ávila (1.446 euros/m2), Lleida (1.501 euros/m2) y Palencia (1.508 euros/m2), las más asequibles para hacer la mudanza.
Estos datos se suman a aquellos que explican que el volumen de viviendas iniciadas en la CAV continúa anclado al nivel que se vivía hace 20 años. Según se desprende del último informe elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda, el pasado año se iniciaron en la CAV 7.522 viviendas: 2.572 promovidas en el mercado libre y 3.950 de protección pública.
En el caso de la vivienda protegida, la distribución geográfica dibuja un escenario similar al de años anteriores, con Álava copando gran parte del protagonismo y absorbiendo el 35% de las viviendas iniciadas, pese a ser el territorio histórico con menor número de habitantes. Bizkaia y Gipuzkoa, con el 33% y el 32%, respectivamente, configuraron el pasado año el resto del parque de vivienda pública iniciada en la CAV. En lo que respecta al mercado de vivienda libre, el informe del Observatorio revela que cuatro de cada diez viviendas comenzaron a cimentarse en la provincia de Gipuzkoa, mientras que Bizkaia experimentó un retroceso del 23% y Álava, que acumula una mayor regresión desde que estallara el boom inmobiliario, perdió la confianza que años atrás depositaron los constructores en los suelos del territorio.