La defensa del exjefe de Transportes de la Diputación reclama un juicio sin jurado

vitoria. Presentados los argumentos de la defensa del exjefe foral de Transportes, Carlos Jiménez, y de las personas presuntamente vinculadas en la trama de desvío de capitales públicos, ahora le toca a la Audiencia Provincial de Vitoria decidir si el juicio que se seguirá contra ellos por apropiarse supuestamente de 1,3 millones de euros será conducido por un jurado popular, tal y como reclama la acusación, o si serán magistrados quienes lleven las riendas del proceso, como demanda la defensa de los acusados. Ayer, ambas partes se dieron cita en los juzgados de la capital alavesa y expusieron sus respectivos pareceres, por lo que ahora sólo resta que los integrantes de la Audiencia Provincial se posicionen al respecto.

Aunque la convocatoria de ayer sólo tenía por objeto escuchar a las partes antes de resolver el recurso interpuesto por la defensa contra la imposición del jurado popular, el abogado que forma parte de la acusación y que fue el primero en destapar los entresijos de la, por ahora, presunta trama, Manuel Maysounave, explicó que los letrados de Carlos Jiménez, Francisco Javier del Olmo y Marcelo Díaz -responsables de la firma vitoriana de publicidad Spot Advertising Agency (SAA)- y Enrique Azpiroz y Socorro García -responsables de la empresa gipuzcoana Fatco-, trataron de elevar el trámite a la categoría de vista oral, ya que intentaron, una vez más, convencer a los jueces del sobreseimiento de la causa. Su intento no dio frutos y los magistrados, que advierten indicios suficientes de delito, indicaron que el procedimiento sigue su curso.

Como novedad, se puso sobre la mesa la solicitud, apoyada por Manuel Maysounave, de desligar del caso a Socorro García, asunto que igualmente queda pendiente de resolución. El argumento empleado para defender esta solicitud es que la constancia de la mujer como administradora solidaria de Fatco S.L. afectaba fundamentalmente a las actividades ordinarias de la firma y, al parecer, no estaba al tanto de su vertiente irregular. También resultó elocuente el hecho de que el abogado de Carlos Jiménez acudiera a los juzgados a pesar del anuncio de su cliente, licenciado en Derecho, de que se defendería a sí mismo.

Si la Audiencia desoye las reclamaciones de la defensa, señalará la fecha para la celebración del juicio con jurado popular, una medida que suele aplicarse en casos de corrupción para involucrar a la opinión pública. Jiménez y los empresarios presuntamente implicados en el desvío de 1,3 millones de euros de las ayudas a las compañías de autobuses rurales entre 2001 y 2005, se enfrentan a una acusación de malversación de fondos públicos, fraude, negociación prohibida a funcionarios y falsedad documental, que conllevan penas de hasta seis años de cárcel y varios de inhabilitación.