vitoria. La iniciativa del Gobierno Vasco de establecer más medidas de control en el cobro de prestaciones sociales no ha sido bien acogida por todos los ciudadanos vascos, aunque sí son mayoría quienes la consideran acertada. La concesión de estas ayudas se ha convertido a lo largo de los últimos años en un motivo recurrente de disputa. Hay quienes solicitan con firmeza que se termine con el fraude y el mal uso de las prestaciones, otros que no ven ético que se reciban ayudas teniendo un empleo y quienes aceptan y no aceptan la propuesta en sí.

Una encuesta conformada por 1.200 entrevistas telefónicas que ha realizado el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco los días 21 y 22 de junio concluye que el 75% de los habitantes de Euskadi, tres de cada cuatro, están de acuerdo pese a la crisis con la nueva propuesta lanzada por el Gobierno para que se ejerza el ya citado mayor control y seguimiento de la concesión de estas prestaciones sociales. Por otra parte, una pequeña minoría de los encuestados -sólo un 8%- afirma estar en contra de esta propuesta lanzada por parte del Ejecutivo autonómico.

Durante estas entrevistas se preguntó también sobre el impacto que provocó la crisis económica en relación con el periodo de vacaciones y cómo perciben los ciudadanos la situación económica actual. Con respecto al fraude de estos recursos, entre los que figuran la Renta de Garantía de Ingresos o la Renta Básica, la mayoría de los vascos -un 64%- defiende que se ha extendido un mal uso de estas prestaciones sociales. Mientras, el 12% opina que no es para alarmarse mientras que el 5% defiende que no existen ese tipo de irregularidades.

En lo que respecta a la relación entre el trabajo y la percepción de ayudas sociales, un 67% de los encuestados defiende que si una persona está en condiciones de trabajar y rechaza una oferta para hacerlo debe dejar de recibir estas ayudas económicas.

A este respecto, un 14% defiende que para percibir las prestaciones sociales es importante saber qué tipo de empleo se haya conseguido y otro 10% mantiene la idea de que los interesados deben seguir cobrando estos recursos sociales aunque hayan conseguido trabajo.

Por último, en cuanto a la opinión de los ciudadanos encuestados sobre la competencia de las políticas activas de empleo de la Comunidad Autónoma Vasca, asumida el pasado 1 de enero, un 8% califica la situación de los servicios sociales vascos de "muy buena", un 40% de "buena", un 5% afirma que es "mala o muy mala", dejando de creer que el sistema vasco esta preparado para satisfacer las necesidades. El 40% restante se ha abstenido de contestar a la pregunta.