Vitoria. Ya lo avisó el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, cuando se acercó a la capital alavesa, situada a escasos 40 kilómetros de Garoña. Era un 27 de marzo, un día después de la manifestación multitudinaria que recorrió las calles gasteiztarras para exigir el cierre inmediato de la planta, cuando el socialista adelantó que su partido presentaría una proposición no de ley en el Congreso para ratificar la clausura de Garoña en 2013. La "nuclear no era la energía del futuro", justificó. Las reacciones de los defensores de la central entonces no se hicieron esperar. Y ayer, minutos después de conocerse que la Audiencia Nacional confirma que el candado definitivo se echará en 2013, tampoco. Sólo que esta vez acabarán en los tribunales, en el Supremo, al que la Junta de Castilla y León espera apelar por basarse la decisión en un "capricho político" de Zapatero y no tener en cuenta la seguridad de la planta.

Lo que está claro es que una vez más se volvió a comprobar cómo una sentencia puede dar origen a las dos caras de una moneda. Y ellos protagonizan el lado más crítico, al igual que el Foro de la Industria Nuclear Española, quien calificó de "despropósito" prescindir de esta instalación. Pero no sólo porque "opera con todos los requisitos técnicos", sino por producir la electricidad equivalente el 33% de consumo de Castilla y León y generar más de 1.000 empleos.

Aunque sin duda alguna el enfado personificado era el de Nuclenor, al ser la empresa propietaria de Garoña, quien estudia recurrir la sentencia. La idea es apelar basándose en la misma idea de la junta castellanoleonesa: que la Audiencia Nacional no cuestiona la seguridad de la central, sino que se basa en cuestiones de "orden político". Una misma idea que comparte el PP, la oposición del Gobierno de Madrid, ya que su portavoz en el Congreso en energía nuclear, Javier Gómez Darmendrail, asegura que, si es por eso, "una decisión política se puede revocar con otra".

Los aplausos, por su parte, llegaron del lado de los opositores a la energía nuclear. Son los que piensan en verde, quienes para nada ven en su cierre un negro panorama. Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra, comparten la decisión porque "otorga potestad al Gobierno para cerrar las nucleares", por el riesgo para la salud que entrañarían si sus sistemas de seguridad fallasen. Aunque para ellos lo ideal sería que Zapatero fije un calendario de cierre del resto del parque nuclear, su satisfacción ante el fallo era evidente ya que, además, "autoriza a no dar ningún tipo de indemnización por su cierre".