Vitoria. No se trata de una especulación o de una sensación, sino de una información objetiva y contrastable. Tras comparar las cifras de atención a menores extranjeros no acompañados (MENAS) atendidos en Álava durante el año pasado con la población global de la provincia y con el volumen de menores de las mismas características asistidos en otras provincias similares, la Fiscalía alerta de que son absolutamente "desproporcionadas" y que causan un coste económico "muy elevado" a la Diputación.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial del territorio, Josu Izaguirre, señala en la Memoria anual de la Fiscalía que a pesar de que Álava carece de carácter fronterizo, el número de MENAS atendidos en el territorio a lo largo de 2010 osciló entre las 87 y las 124 personas por mes. Una cantidad excesiva y que, además de cargar de trabajo al Consejo del Menor, organismo dependiente de la Diputación Foral de Álava, genera cuantiosos gastos en materia asistencial, residencial y educativa. La situación alcanzó cotas de difícil sostenibilidad en mayo de 2010, cuando la Administración alavesa tuvo que hacerse cargo de 124 de estos menores, se mantuvo a lo largo de agosto -con 122- y de octubre -con 123- y comenzó a remitir de forma muy atenuada a finales de año, con la permanencia de 92 MENAS en el territorio.
Este "grave problema", además de socavar a paso firme la economía foral, ha dado lugar a una serie de "desencuentros", tal y como los denomina el propio Izaguirre, entre la Fiscalía y la Diputación. Fundamentalmente, las "discrepancias" han tenido como origen la determinación de la edad real de las personas que alegan ser menores ante los servicios sociales. Tal y como recuerda Izaguirre, la política seguida por la Diputación en este sentido había consistido inicialmente en practicar pruebas óseas al margen de la Fiscalía y, aunque éstas establecieran que la persona tenía más de 18 años, acogerle apoyándose en la documentación que él mismo aportaba.
Los problemas, no obstante, llegaron cuando el número de acogidos desbordó las previsiones. La Fiscalía apunta que fue entonces cuando la Diputación comenzó a poner en duda la edad de los MENAS y "aunque siguió sin hacer uso del artículo 35 de la Ley de Extranjería" -que traslada la responsabilidad de la determinación de la edad al fiscal-, recurrió a "otras vías jurídicas con el fin evidente de conseguir que disminuyera el número de MENAS bajo su tutela".
La nueva postura foral tuvo como consecuencia que la Fiscalía aceptara los pasaportes como prueba principal de minoría de edad. Por contra, la Diputación presentó a lo largo de 2009 44 dilegencias de investigación de pasaportes, de los cuales sólo 3 resultaron falsos. En 2010, frente a 21 pasaportes sospechosos peritados, quedó confirmado al aumento del fraude al constatarse que sólo 9 de ellos eran auténticos.
Pese a estos esfuerzos, la estrategia foral no daba el resultado esperado, de forma que la Diputación alteró de nuevo el rumbo y denunció penalmente a todos los MENAS cuya prueba ósea dijera que tenían 19 años, alegando para ello "falsedad en documento oficial" por haber manipulado, presuntamente, los pasaportes. Ante este nuevo proceder "contrario a la normativa" según Izaguirre, la Fiscalía pidió y logró que se archivaran todas las denuncias. "Por fin, ante el fracaso de todas sus alternativas, en febrero de 2009, tuvo entrada por primera vez en esta Fiscalía una solicitud formal de la Diputación para la aplicación de los mecanismos previstos en la Ley de Extranjería a un total de 80 MENAS", señala la Memoria anual de la Fiscalía.
Tutela Otro punto de fricción surgió a raiz de la, según la Fiscalía "denegación sistemática" de las tutelas por parte de la Diputación a estos menores y de los accesos a los servicios asistenciales "alegando que los mismos se encontraban saturados". Los problemas residenciales se solventaron temporalmente echando mano de los recursos municipales y la reciente disminución del flujo de MENAS al territorio ha ayudado a contener la situación.
No ha sucedido lo mismo con el asunto de las tutelas, en el que la Fiscalía ha llamado al orden a la Diputación y ésta ha respondido asegurando que existen dudas sobre la edad de los menores. Iniciados los trámites para determinar las condiciones de 82 MENAS, los resultados determinaron que 53 tenían más de 18 años y sólo 6 eran realmente menores. El resto, 23 individuos, se fugaron de los centros en cuanto supieron que la Fiscalía les practicaría un examen médico.
