vitoria. Tirar la piedra y esconder la mano. Tras reducir las subvenciones a los centros educativos privados de manera proporcional a la bajada de los sueldos del personal de los colegios públicos, la consejera de Educación, Isabel Celaá, emplazó ayer a estos a "acomodarse" a la situación creada como consecuencia de la crisis económica. Lo que no explicó la gestora socialista es la forma de adaptación de ikastolas y colegios a la nueva realidad derivada del recorte impuesto desde el Ejecutivo autonómico, merma que ha provocado que los centros de la red concertada hayan tenido que recortar a su vez la nómina de sus trabajadores. Éstos llevaron esta decisión a los tribunales y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado la razón a los sindicatos y ha instado a los recintos afectados a retribuir a sus empleados según lo que se determine en los convenios vigentes.

Las palabras de la consejera se produjeron en el Pleno de control celebrado ayer en el Parlamento Vasco y llegan sólo dos días después de que el alto tribunal vasco hiciera pública la segunda sentencia contra los recortes en los centros concertados. El fallo contra Partaide -confederación de ikastolas- tras una denuncia de ELA y LAB reproducía la justificación que los jueces dieron hace un mes ante una reclamación similar realizada por las centrales sindicales contra Kristau Eskola, que agrupa a los colegios religiosos, así como AICE (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza). En aquella ocasión el TSJPV establecía que la reducción salarial no resultaba "ajustada a derecho" ya que incumplía el convenio del sector, y que la patronal debía reintegrar a los empleados las cantidades que les habían sido descontadas, que podrían llegar a sumar en total unos nueve millones de euros en el caso de los colegios religiosos.

Contra esta segunda resolución, la asociación de ikastolas anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que les obliga a pagar el sueldo íntegro acordado por convenio con los profesores pese a que el Gobierno Vasco recortó la asignación concertada para cubrir los citados costes salariales.

Sea como fuere, durante el Pleno de control de ayer en la Cámara autonómica, salió a relucir la decisión del Ejecutivo. Así, el parlamentario de EA, Juanjo Aguirrezabala, reclamó a Celaá que se "invaliden" las reducciones de los conciertos educativos, ya que "el Gobierno debe reconocer que actuó indebidamente y asumir lo que se les debe a los trabajadores".

Ante estas palabras, la consejera aportó una serie de datos en los que se explica que la media de reducción salarial para la red concertada en 2010 ha sido de un 1,95%. En total, se ha reducido el concierto en 6,1 millones y en el 2011 la cifra alcanza 10,6 millones menos.