vitoria. El tramo de la autopista AP-1 entre Luko y Arlabán cuenta con una longitud de 8,3 kilómetros, está cubierto de asfalto y los vehículos transitan por él. La sociedad foral encargada de la gestión de este trazado, Vías de Álava (Viasa), y la unión temporal de empresas UTE Luko, integrada por FCC, Dragados y Yarritu, que se encargó de construirla coinciden en estas tres afirmaciones, pero en poco más. La entidad dependiente de la Diputación alavesa y los responsables de la constructora mantienen puntos de vista diametralmente opuestos en todo lo referente al periodo en el cual se ejecutaron las obras.

Un abismo separa su opinión con respecto a lo ocurrido entre 2004, fecha en la que se iniciaron los trabajos y 2008, año en el que concluyeron. La UTE tasa esta brecha en 31 millones de euros, que reclama a Viasa ante los juzgados por considerar que las continuas modificaciones que impusieron provocaron un sobrecoste desmesurado en la construcción. Los representantes de Viasa no sólo niegan la mayor, sino que aseguran que fue la UTE la que trató en vano de alterar íntegramente el proyecto foral, desde el firme hasta los viaductos pasando por los pasos inferiores, superiores y por todo tipo de detalles. Aseveran estos que las reclamaciones económicas de la constructora están completamente fuera de lugar y consideran, además, que la UTE dilató ex profeso el ritmo de trabajo "para estirar los plazos y cobrar más". Ayer dio inicio en Vitoria el juicio que enfrenta a ambas partes y que se prolongará hasta el jueves para que una quincena de testigos traten de arrojar luz al asunto.

El director gerente de Viasa, Unai Grajales, abrió el fuego de las declaraciones abordando las cuestiones fundamentales del pleito, a saber: los retrasos que se produjeron, la definición -o ausencia de la misma- del proyecto, los programas de trabajo y los cambios introducidos. De paso, aprovechó para recordar que la sociedad foral heredó este asunto de la anterior corporación foral -"es algo que nos hemos encontrado ya hecho", manifestó"- y subrayó que "lo que nos toca es defender los intereses de Viasa, de la Diputación y de todos los alaveses, para que no se vean obligados a pagar".

No en vano, los 31 millones de euros que la UTE Luko exige, en caso de que al ente foral le tocara finalmente pagar, comprometerían seriamente las cuentas forales.

Grajales explicó que tras tomar el relevo de Txema Gurendez, antiguo gerente de Viasa, tuvo referencias de problemas en los plazos y calendarios, pero afirmó desconocer el alcance de estas cuestiones e insistió en que, aunque finalmente se ampliaron a 40, el pliego de adjudicación especificaba claramente que el plazo de ejecución de las obras era de 30 meses.

Fernando Herrero, gerente de la UTE Luko desde octubre de 2004, declaró ayer que Gerundez, antecesor de Grajales, le dijo que la falta de financiación por parte de la entidad foral obligó a ralentizar los trabajos y a dilatarlos hasta los 40 meses. Aseguró que hasta que no se cerró el acuerdo con la Caja Vital, Viasa carecía de fondos y que ésa, unida a la falta de definición del proyecto y a las constantes modificaciones que introducían los responsables forales, fueron las razones que explican el desequilibrio de 31 millones. "Se tomaban las decisiones con poca antelación, aspecto de la gestión que no comparto porque compromete totalmente la planificación y la organización. No se puede hacer una obra a salto de mata", manifestó.

Ángel Pamplona, jefe de obra de la UTE Luko durante la primera fase de los trabajos, reforzó con su testimonio las tesis de Herrero y lo mismo sucedió con las declaraciones de Alfonso Marina, otro de los responsables de la UTE. Marina recalcó que los cambios constantes planteados por Viasa -en viaductos, desvíos, señalizaciones y áreas de peaje, entre otros aspectos según precisó- interfirieron y tuvieron una "incidencia total" en la planificación de los medios materiales y humanos, así como en el coste final de las obras, que se disparó.

No fue de la misma opinión Txema Gurendez, gerente de Viasa durante el último mandato foral del popular Rabanera, quien rebatió todas y cada una de las acusaciones planteadas por la UTE Luko. En primer lugar, negó que Viasa careciera de liquidez y aseguró que antes de que se firmara el acuerdo con Caja Vital la sociedad foral disponía de 35 millones de euros. "Jamás se pidió que se ralentizaran las obras por cuestiones financieras. Es más, se intentó que acabaran cuanto antes. Si se amplió el programa de trabajo de 30 a 40 meses fue a propuesta de la UTE Luko", aseguró ante el juez.

En cuanto a las propuestas de cambios, Gurendez subrayó que partieron exclusivamente de la constructora. "Querían constantemente realizar modificaciones sobre el proyecto, pero no se admitieron", apuntó. Sólo se permitió un cambio de herramienta en la excavación del túnel de Luko, que pasó de horadarse con rozadora a martillo neumático, algo que según Gurendez sólo beneficiaba a la firma y que se acordó cerrar sin modificación de tarifas. Pero hasta en este punto surgieron fricciones, ya que tras concluir esta parte del trabajo, la UTE reclamó más dinero por el suministro eléctrico empleado. Mañana tendrá lugar la segunda sesión del juicio.