Idoia Alonso
Bilbao. La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sendos recursos contra los decretos de Infantil y Bachillerato que integran el cuerpo del nuevo Curriculum de Isabel Celaá. A su juicio, y pese a su reforma, "no garantiza la libertad de elección lingüística" de las familias. Tal y como han informado a este diario los promotores de esta acción judicial, en un par de semanas harán lo propio con el decreto que establece los contenidos de Educación Básica por el mismo argumento, y se incluirá en el recurso la doctrina del Tribunal Supremo contra el modelo de inmersión catalán.
La historia vuelve a repetirse -como hace dos años con el Currículum de Tontxu Campos (EA)- ya que las 2.000 familias que se agrupan en este lobby minoritario que defiende la enseñanza en castellano no han quedado satisfechas con los leves cambios introducidos por el Departamento de Educación en el Currículum vasco, la norma que fija el contenido de la enseñanza Obligatoria. Cabe recordar, que la presión ejercida por la comunidad educativa durante once meses -dictamen negativo del Consejo Escolar del País Vasco incluido- obligaron a Celaá a renunciar a su plan de derogar el carácter principal del euskera en la enseñanza.
Uno de los objetivos incluidos en el pacto por el cambio PSE-PP. La decisión de mantener el euskera como "lengua vehicular" e incluir en el Curriculum la atención "preferente" del euskera en el ámbito educativo por ser la lengua oficial cuyo conocimiento "es más deficitario" estuvo precedida de la puesta en marcha de un nuevo sistema informatizado de prematriculación, para garantizar -dijeron- la limpieza el proceso e impedir cualquier supuesta coacción hacia las familias por parte de los centros.
Los datos de prematriculación -sólo un 3,4% de las familias optó por el modelo A, sólo en castellano- dejaron a la titular de Educación sin argumentos para seguir manteniendo la teoría conspirativa de la falta de libertad de elección de las familias y que los anteriores gobiernos habían generado una demanda inducida hacia el modelo D, sólo en euskera.
Aun así, el PP no quedó satisfecho y la Plataforma denunció que se produjo una serie de irregularidades y que varias familias no pudieron matricular a sus hijos en A. Celaá no tuvo más remedio que salir al paso de estas acusaciones y manifestar que las familias habían "ejercido plenamente su libertad". Cuando todo parecía haber vuelto a su cauce por la vía de los hechos, la Plataforma interpone estos recursos y el PP logra a cargo de los Presupuestos una partida de 200.000 euros para la puesta en marcha de una nueva campaña de prematriculación que, con la inscripción on-line, se presenta como más garantista. El proceso finalizará el 11 de febrero.
