Vitoria. Cinco años después de ser cesado de su cargo como director de Transportes de la Diputación alavesa tras haber sido acusado de desviar presuntamente 1,3 millones de euros de los fondos forales, Carlos Jiménez se sentará en el banquillo de los acusados. Y lo hará en compañía de varios rostros conocidos, ya que la magistrada que promueve el caso ha imputado también a los responsables de la firma Spot Advertising S.L., Francisco Javier del Olmo y Marcelo Díaz, así como a los de la empresa Fatco, Enrique Azpíroz y su esposa Socorro García, como supuestos cómplices en la trama. La Justicia, finalmente, aclarará qué sucedió con el dinero que debía financiar las líneas rurales de autobús y que nunca llegó a su destino.

El pasado lunes, el Juzgado de Instrucción número uno de Vitoria publicó un acto por el cual se acuerda la incoación de procedimiento para el juicio con jurado contra estas cinco personas por un presunto delito de malversación de caudales públicos, otro de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y un tercero de falsedad en documento mercantil. El 16 de febrero a las 10.00 horas, todos ellos deberán comparecer en el Palacio de Justicia de la capital alavesa en compañía de letrados y listos para ser procesados.

Todas las alarmas saltaron hace ya cinco largos años cuando el entonces diputado alavés de Obras Públicas y Transportes, el popular Javier de Andrés, cesó a Carlos Jiménez después de que se detectaran numerosas irregularidades en las cuentas del área de Transportes. Todo indicaba que 1,3 millones de euros que debían haber servido para subvencionar las líneas rurales de autobuses habían acabado en otro lugar. O mejor dicho, en otras manos.

presunta trama A partir de ese momento, todo se complicó hasta límites inverosímiles. Tanto, que el propio De Andrés compareció para explicar punto por punto lo ocurrido y desmarcarse de todo el asunto antes de que pudiera llegar a salpicarle. El propio auto judicial explica que Jiménez conoció a Francisco Javier del Olmo y a Marcelo Díaz, ambos responsables de la sociedad Spot Advertising Agency S.L. (SAA), así como a Enrique Azpíroz y a su mujer Socorro García, administradores de la firma Fatco de Andoain, y que "valiéndose de su cargo como jefe del Servicio de Transportes de la Diputación Foral de Álava y de las funciones que por ello tenía atribuidas, entre ellas las de fijar el importe de las subevenciones a entregar, se puso de acuerdo con el resto de los imputados para distraer fondos de la Diputación entre el año 2001 y 2005". Y lo hizo, siempre de acuerdo con el documento emitido por la juez, "mediante la concesión de subvenciones a empresas de transporte deficitarias a través de contratación de servicios de diseño y distribución de publicidad inexistentes". Dichas empresas fueron Continental, Alegría Hnos., Autobuses Vitoriana, Autobuses Pinedo, Autobuses Palacio, Hnos. Arriaga, Autocares Zadorra, Unión, Pesa y Autoyón.

Las subvenciones se abonaron a las empresas de transportes que, a su vez, pagaron a Fatco y a SAA unos servicios de publicidad que nunca se realizaron, materializados en base a facturas ficticias. Carlos Jiménez hacía creer a las firmas de autobuses que la propia Diputación imponía estos gastos mientras informaba a las dos empresas del dinero que iban a ingresar a cambio de nada. Entre 2001 y 2002, se cobraron a las firmas de autobuses trabajos por valor de 143.862 euros, mientras que entre 2003 y 2005, la facturación ascendió a 1,3 millones de euros. "Los gastos de comercialización que comprenden los de publicidad ficticios, han generado unas mayores subvenciones y el pago de dichos gastos una entrada de dinero sin causa legítima alguna, generando un perjuicio económico para la Diputación Foral de Álava y con enriquecimiento para las empresas de los imputados", apuntilla el documento legal.

En 2006, el entonces diputado de Obras Públicas, Javier de Andrés, aseguró que la Diputación desconocía las facturas, supuestamente falsas, porque "eran ajenas a la contabilidad foral". En 2010, las Juntas Generales reclamaron que se acelerase la investigación judicial. El miércoles 16 de febrero se dará el primer paso para conocer la verdad.