Vitoria. Una semana después de que el Gobierno Vasco diera luz verde a la retirada de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a 6.262 familias vascas en el mes de diciembre, al departamento de Empleo y Asuntos Sociales no le quedó ayer más remedio que entonar el mea culpa y reconocer su error de bulto en esta decisión. Lo hizo además de una manera inusual, casi imperceptible, a través de una misiva enviada de urgencia a las diputaciones forales donde, entre otros asuntos, recalcaba que la suspensión de una ayuda que se resuelve en diciembre no puede ejecutarse ese mismo mes -como así lo anunció la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta- sino que se aplicará a partir del primer día del mes de enero.

Tal y como marca la ley, las 6.262 familias a las que Lakua denegó esta prestación social este mes de diciembre tienen derecho a recibir esas ayudas antes de que finalice el mismo. Por tanto, la orden enviada por el Gobierno Vasco a las diputaciones de comunicar a los receptores de RGI que perderán esta prestación social no solo es incorrecta, sino que además vulnera la ley.

Bajo este nuevo prisma, la única opción que les queda a estas familias para que en enero Lakua no les deniegue esta ayuda es inscribirse en el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) para, de este modo, mostrar su voluntad de aceptar una oferta de trabajo o una oferta formativa para no tener que llegar a agotar las prestaciones sociales y puedan encontrar un empleo a la menor brevedad posible.

polémica que viene de lejos Sin embargo, el tira y afloja que mantienen Gobierno Vasco y diputaciones -con acusaciones mutuas de por medio- por la retirada de las prestaciones sociales viene de lejos. En concreto, desde el pasado día 23 de noviembre, cuando, sin previo aviso, la consejera Zabaleta anunciaba que su departamento se disponía a revisar una por una las 88.000 solicitudes de ayudas y las retiraría en aquellos casos en los que se cobrasen de manera irregular o fraudulenta. La noticia sorprendió a propios y extraños, no tanto por la forma escogida para hacerlo sino por el sigilo y la información con cuentagotas que dispensó a las diputaciones y a los ayuntamientos, instituciones encargadas de entregar las prestaciones económicas a los perceptores de estas ayudas y, al mismo tiempo, las que deben comunicar, tras orden de Lakua, una hipotética perdida del subsidio.

Lo que en ese momento no esclareció nadie del departamento de Zabaleta fue el procedimiento que se iba a emplear para estrechar el cerco a los infractores. Pero esa incógnita quedó despejada hace apenas una semana, no a través de ninguna rueda de prensa ni comparecencia pública, sino con un método que algunos partidos políticos tildaron de "fuera de lugar": la filtración de la noticia a varios medios de comunicación afines al Ejecutivo de Patxi López.

El Gobierno Vasco se limitó a cruzar -según su propia explicación- los datos del Inem con los facilitados por las instituciones forales de las personas entre 23 y 60 años. El resultado de esa búsqueda, que le granjeó no pocos reproches, tuvo como resultado el anuncio de que Lakua se disponía a suprimir el dinero correspondiente a la Renta de Garantía de Ingresos a más de 6.200 familias vascas en diciembre, con el consiguiente ahorro de 4,3 millones de euros.