Vitoria. El Gobierno Vasco se dispone a iniciar la guerra contra el fraude en la percepción de ayudas sociales que lleva meses anunciando. Ayer la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, aseguró que su Departamento revisará, uno a uno y durante el próximo medio año, los expedientes de los 54.089 perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, los 14.807 que cobran el Complemento de Vivienda y los 19.000 vascos que perciben las AES.
Se trata de una ardua tarea llamada a "despejar cualquier sospecha de fraude" en unas ayudas que le supondrán al Gobierno Vasco en 2011 el desembolso de 325 millones de euros en materia de Renta de Garantía de Ingresos y otros 19 millones en el pago de las AES.
Así, los casi 88.000 ciudadanos que cobran estas prestaciones deberán acreditar que están dispuestos a aceptar un empleo, que sólo disponen de su vivienda habitual como bien inmueble, y que perciben los ingresos estipulados para ser beneficiarios de estas ayudas. El Gobierno comunicará a las diputaciones (en el caso de la Renta Básica) y a los ayuntamientos (cuando se trate de las AES) los posibles casos de fraude y estas administraciones serán las encargadas de abrir los correspondientes expedientes y establecer la suspensión cautelar de las ayudas.
Zabaleta explicó que con esta medida el Gobierno Vasco "por primera vez ejerce la competencia" que le concede el artículo 24.3 de la Ley de Garantía de Ingresos, y reiteró el mensaje de que a partir de ahora la prestación de ayudas sociales estará directamente vinculada a la disponibilidad para acceder al mercado de trabajo. "Vamos a analizar todas las ayudas en los próximos seis meses, tenemos que verificarlas con rigor, no porque no nos fiemos, sino porque es nuestra responsabilidad", aseguró.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno en el que se aprobó la revisión de las ayudas sociales se dio el visto bueno además al Observatorio Vasco de la Familia, que analizará el impacto de las políticas públicas en esta institución.
