Vitoria. La semana pasada, el alcalde la capital alavesa animó a los ciudadanos a denunciar sospechas de fraude en la percepción de ayudas sociales, unas irregularidades que cada año el Consistorio detecta y valora en torno a un millón de euros.
Sin embargo, evitar este tipo de prestaciones no pasa por el "chivateo del vecino", como así califica la formación jeltzale el anuncio de Lazcoz de abrir en octubre un servicio contra el fraude. Los jeltzales creen que el Ayuntamiento no ha puesto sobre la mesa las medidas necesarias para avanzar en política social.
Pese a que desde el año 2005 existe en el Consistorio un protocolo contra este tipo de abusos, no se ha querido o "no se ha sabido sacarle todo el jugo. El gobierno socialista hace una dejación de sus principios por dejar a los ciudadanos una tarea que tiene que hacer la Administración. La medida estrella del control no puede ser la denuncia ciudadana, sino una verdadera política social", denunció ayer Nerea Melgosa, portavoz del PNV en Intervención Social.
Por este motivo, hoy su formación exigirá en el Pleno que se inspeccione el padrón para evitar fraudes en la concesión de ayudas. Una tarea de control en la que también organismos externos como el Inem o la Seguridad Social pueden ayudar.
Esta moción del partido nacionalista exigirá, además, "una fecha concreta" para que no se demore más la reunión entre los distintos departamentos municipales.
La picaresca La petición del PNV tiene como objeto atajar el fraude. No siempre los datos del censo municipal se corresponden a la realidad. Muchas veces se echa mano de la picaresca para un uso fraudulento de este certificado de residencia, que es la puerta de entrada a la hora de cobrar las prestaciones. Seis meses después de que una persona registre su domicilio en la capital alavesa, ésta tiene derecho a una plaza escolar, la asignación del médico de atención de primaria o la percepción de ayudas públicas. "Hay espacios donde se empadrona a personas de forma irregular, como las viviendas sobreocupadas", ilustró la edil.
Un control deficitario que Vitoria lastra, a juicio de Melgosa, desde la época en la que gobernaba los populares. "Durante la etapa de bonanza económica, que coincidió cuando estaba el PP, no se aumentaron las plazas de trabajadoras sociales y ahora "están colapsadas". La consecuencia de ello es que las empleadas municipales no se pueden ocupar de la inspección de cada caso, al tener "359 casos de media cada una".
