Laguardia. A pesar del incremento continuado de las ventas de vino de los últimos meses, los precios pagados por la uva de la campaña anterior han descendido a la mitad, claramente por debajo de los costes de producción.

De continuar esta tendencia, pronto se alcanzará el equilibrio entre ventas y existencias, pero sin un precio digno para los agricultores, lo que desmontaría el argumento de que es suficiente dicho equilibrio para que existan precios rentables para los viticultores. Asimismo, los precios pagados por los vinos a granel de cosecheros y cooperativas han seguido descendiendo, provocando que los agricultores socios de cooperativas perciban una retribución ridícula.

Con este argumento, los sindicatos UAGA, UAGR, UAGN y ENHE están preparando movilizaciones de protesta para trasladar a la sociedad que los viticultores hace tiempo ya que tienen pérdidas y no ven cercana la salida de su crisis particular.

Mientras que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja aplica de forma estricta la parte del acuerdo de la Interprofesional referida a la reducción de rendimientos para la presente campaña, enviando cartas a los agricultores para que tiren uvas que considera sobrantes, los puntos del acuerdo que podrían beneficiar en algo a los viticultores siguen sin aplicarse.

No se han implantado los contratos homologados, ni la transparencia en el mercado, ni mucho menos la recomendación de pagar las uvas por encima de los costes de producción, lo cual demuestra de nuevo que el acuerdo no era tal, sino una imposición desproporcionada del sector comercial del vino de Rioja sobre los agricultores.

MODELO DE CONTRATO Por este motivo, y dada la total inoperancia de la Interprofesional del Rioja para solucionar la grave crisis de precios que sufren los viticultores, la Unión ha pedido la creación inmediata de un observatorio de precios que publique mensualmente los precios en origen del vino y de la uva pagada por las bodegas, guardando el anonimato de los participantes en tales operaciones. Solicitan, asimismo, el establecimiento de un modelo de contrato obligatorio para todas las operaciones de uva y vino a granel, en el que quede reflejado tanto el precio que se pacte entre los particulares como los plazos de pago que se establezcan, atendiendo siempre a la recién publicada Ley de Morosidad.

Y, finalmente, la publicación de los costes de producción de la uva de Rioja, tras un estudio exhaustivo por parte de las consejerías de Agricultura del ámbito de la DOC. Para conseguir todo lo anterior, la Unión ha convocado a todos los viticultores de la denominación y a sus organizaciones representativas a una movilización durante la primera quincena de septiembre.

En ella se protestará ante la crítica situación de los agricultores y se exigirá a los poderes públicos que tomen cartas en un asunto sobre el que tienen competencias claras: solucionar la grave pérdida de rentas que sufren los viticultores de la afamada denominación Rioja.