madrid. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, anunció ayer que el Gobierno ha acordado con el Partido Popular suspender la subida de la tarifa de la luz en julio, y que buscará con el principal partido de la oposición un pacto sobre energía que incluya una "profunda revisión de costes" del sistema eléctrico, "de forma inmediata", en la que no haya "líneas rojas", ni siquiera en lo referido a la decisión ya adoptada sobre el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña.
Esta situación reactiva las esperanzas de los detractores al cierre amortiguado en cuatro años que se le concedió el año pasado a la central burgalesa, después de que numerosas movilizaciones sociales y ecologistas demostraran en Álava y en Burgos el deseo de un amplio sector de la ciudadanía y de algunas instituciones de que la clausura del recinto fuera inmediata.
Sea como fuere, este pacto energético con los populares se centrará en profundizar en la liberalización de los mercados, el reforzamiento de las políticas de ahorro y eficiencia energética y en las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos en energías renovables de una "manera sostenible técnica y económicamente".
Es aquí precisamente donde parece haber espacio para la continuidad de la energía nuclear y lo que abre la puertas a las esperanzas de revocar el cierre de Garoña. No en vano, la agenda de estas reuniones se marca como objetivo el desarrollo de la seguridad nuclear y la gestión de los residuos de este tipo de energía. Por ello, la decisión final sobre la ubicación del almacén de residuos podría sufrir retrasos en el calendario previsto.
nuevo debate Una vuelta de tuerca que a buen seguro observarán con atención grupos ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, que ya presentaron el pasado 25 de marzo una demanda contenciosa-administrativa ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de conceder el permiso de operación a la central durante cuatro años más. Según estos colectivos, la orden de prórroga del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio era "nula de pleno derecho" ya que la planta ha funcionado desde su inicio sin haber obtenido nunca licencia de actividad o permiso ambiental. En ese sentido, aseguraron que tampoco la obtuvo en el proceso de solicitud de renovación que se discutió en 2009.
Estas agrupaciones también denunciaron entonces que la citada orden vulneraba "de forma clara" otras "exigencias" legales como la necesidad de una autorización legal de vertido y suministro de agua y su estricto cumplimiento, así como el adecuado respeto a la propia normativa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Esta nueva posibilidad de una reconsideración de la prórroga a Santa María de Garoña no tendrá, a buen seguro, la misma acogida entre los partidarios de la central atómica, que también presentaron hace poco sus reclamaciones legales en sentido contrario. Y es que el pasado 24 de marzo la propia Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear de Garoña, presentó ante la Audiencia Nacional una demanda contra la orden del Gobierno que decretaba el cierre de la planta en julio de 2013. La firma se unía así al recurso presentado dos días antes por la Junta de Castilla y León, también contraria a su clausura, argumentando que nunca antes un Gobierno había dictaminado en contra de lo aconsejado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Así, la firma pedía una indemnización por los posibles perjuicios de esta decisión del PSOE.
En cualquier caso, el anuncio reabre un debate que promete generar de nuevo polémica sea cual sea la decisión final.
