El juez absuelve al supuesto inductor del soborno al edil de EA por falta de pruebas

El juez considera que no existe "prueba de cargo" que demuestre la implicación de Mario B. en estos hechos y, apelando a su "presunción de inocencia", lo deja libre de la acusación de cohecho que pesaba sobre él desestimando todas las argumentaciones esgrimidas por la Fiscalía. Nada menos que dos "pruebas directas" y otros "seis indicios" que, a juicio del fiscal Josu Izaguirre, deberían ser "suficientes" para demostrar su participación en el intento de compra del voto de Goyo López, al que Gregorio O. llegó a ofrecer hasta 90.000 euros. Una maniobra imprescindible para romper el empate a cuatro concejales existente en el Ayuntamiento entre el PNV, que precisamente comparte responsabilidades de Gobierno con el único edil de EA pero se oponía al proyecto, y el PP, favorable al golf. Gregorio O., que en la primera jornada del juicio cambió sus declaraciones anteriores exculpando a Mario B. y también se enfrentaba a una petición de cuatro años de cárcel y 180.000 euros de multa, conocerá su suerte a partir de hoy, cuando los nueve miembros del jurado popular comenzarán su deliberación. El juez, basándose en ella, dictará sentencia en los próximos días.

Su implicación en los hechos apenas deja lugar a dudas, dado que fue descubierto in fraganti a través de un dispositivo de grabación instalado por la Ertzaintza en la camisa de Goyo López cuando, por segunda vez, acudió a su bodega para intentar corromperle. El vídeo que recoge este capítulo, principal prueba del caso, fue visionado ayer en la Audiencia Provincial.

Aquel 5 de diciembre de 2007, el empresario afincado en Logroño incrementó su oferta inicial de 60.000 euros al edil de EA "en un 50%", hasta llegar a los 90.000, debido a las reticencias mostradas por éste durante su primera entrevista, que se produjo a finales de septiembre. En el encuentro grabado, que se extendió durante alrededor de media hora, el ahora único acusado instó a Goyo López a "convencer" a su partido de la idoneidad del campo de golf, un proyecto "beneficioso para todo el mundo", y a que se posicionase a su favor en el Pleno municipal que se celebraría esa misma tarde. Tras saltar el escándalo, nunca llegó a celebrarse y el proyecto quedó aparcado.

Otras pruebas contundentes que también pesan sobre Gregorio O. son dos conversaciones telefónicas mantenidas tras su estancia inicial de diez días en la cárcel y que también se escucharon ayer en la Audiencia. En la primera, confesó a un amigo llamado Ibon que le pusieron "un caramelito muy majo" para ganar "120.000 euros", la cifra que se embolsaría tras consumar el soborno, y que también aparece en una segunda grabación, pinchada de una conversación con un ex escolta de un edil popular del municipio. En ella, además, señalaba a "un tal Mario, alto, de 1,90 metros y casado con una argentina" como la persona que le encargó la comisión del soborno.

pruebas insuficientes Ésta es una de las dos pruebas que el fiscal ha puesto encima de la mesa para demostrar la participación de Mario B. en los hechos y que no ha sido considerada consistente por el magistrado. La otra, que el propio Gregorio O. lo implicó en la trama durante la instrucción "con todo lujo de detalles". No obstante, el juez cree que no existen "datos, hechos, pruebas o circunstancias" de que lo que ha dicho el intermediario, que además durante el juicio se ha retractado, haya sido cierto. Los indicios, uno de los cuales se basa en el intercambio de 58 llamadas entre ambos, algunas de ellas antes y después de la segunda tentativa de soborno, tampoco sirven a juicio del magistrado para implicar a Mario B. Visto el juicio para sentencia, el jurado y el juez tendrán ahora la última palabra.