El Gobierno buscará el mayor consenso sobre las menores que decidan abortar

Pese a haber decidido apoyar la totalidad de la ley, varios grupos expresaron su desacuerdo con ciertos puntos de la misma, en especial la posibilidad de que las menores de 16 años puedan abortar sin el conocimiento de sus padres y la falta de regulación de la cláusula de conciencia del personal sanitario.

En su defensa de la Ley, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró que, a lo largo de la tramitación de la Ley del Aborto, se intentará "encontrar un punto de equilibrio" entre las posiciones de los grupos parlamentarios sobre la posibilidad de que las menores de 16 años aborten sin consultar a sus padres. La ministra explicó que el proyecto de ley ha sido "demandado en su origen, meditado en su elaboración y equilibrado en sus términos alejado de dogmatismos e imposiciones morales". No obstante, subrayó que somos "conscientes del intenso debate que ha generado esta medida, trataremos de encontrar un punto de equilibrio entre las diferentes propuestas de los grupos en aras del mayor consenso posible".

En su turno de intervención, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, se mostró de acuerdo en mejorar la ley y "tratar de ampliar el consenso".

No obstante subrayó que la decisión sobre las menores se adoptó pensando en que la mayoría de las niñas tienen una buena relación con sus padres, pero existen otras que si tienen que anunciar su embarazo y decisión de abortar "corren el peligro de padecer presiones, persecuciones violentas o peor".

Para el PP, la posibilidad de una niña de 16 años de no tener que informar a los padres "vulnera el concepto de patria potestad" y priva a la menor de recibir "el consejo, la confianza y el cariño de sus padres", argumentó la portavoz Sandra Moneo. Los populares también criticaron que la ley no incluya "ni una sola medida de apoyo a la mujer que quiera seguir adelante con su embarazo" y libera a los hombres de "toda responsabilidad" en esta materia.

Además, Moneo reprochó al Gobierno que quiera "imponer a la sociedad un modelo de aborto libre que sólo tiene reflejo en los antiguos regímenes de la Europa del este". La degradación de la patria potestad y la falta de ayudas adicionales, asistencia o información a las mujeres embarazadas, fueron también los principales argumentos utilizados por la diputada Concepción Tarruella, de Unió, y el diputado de Convergencia Jordi Xuclá, en defensa de las enmiendas a la totalidad de sus respectivos partidos.

la postura jeltzale El PNV votó en contra a las enmiendas a la totalidad, pero también advirtió de que votará en contra de la ley "en los términos en los que está ahora", planteó el diputado Joseba Aguirretxea, para quien "no es de recibo que ni siquiera se informe a los padres de una menor su decisión de abortar". Antes de la sesión Aguirretxea aseguró que ciertos aspectos de la nueva ley son "líneas rojas" y, por lo tanto, plantearán una enmienda en la que se muestran "claros y tajantes" porque "la ley actual tiene un inmenso boquete trasero por el que se han colado la mayoría de los abortos". Para el PNV son línea roja ciertos puntos como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y que las chicas de entre 16 y 18 años necesiten "obligatoriamente" una notificación para poder interrumpir su embarazo. "Una chica no puede abortar sin que mínimamente sus padres o tutores tengan conocimiento certificado de ello", sostuvo.

Finalmente, los portavoces de ERC-IU-ICV defendieron su apoyo a la ley y han animado al Gobierno a seguir adelante con una reforma necesaria y que no esté sujeta a "la moral de la Iglesia".

Así, en representación de ERC, Joan Tardá ha advertido al Ejecutivo: "les corresponde a ustedes parar los pies a la derecha y poner a la Iglesia en el lugar que les corresponde en una sociedad del siglo XXI".