Una vez concluido el intenso ciclo electoral que en el espacio de solo cinco meses -desde finales de diciembre hasta mediados de mayo- movilizó a casi 11 millones de personas con derecho a voto en cuatro comunidades autónomas, tres de ellas han logrado ya conformar gobierno. A la espera de lo ocurra en Andalucía, la ultima en pasar por las urnas, en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde por ese orden se sucedieron los comicios, se ha replicado la misma fórmula: una coalición entre PP y Vox. La única factible, debido a la debacle generalizada en el bloque progresista y a que las ensoñaciones populares de alzarse con la mayoría absoluta se fueron desvaneciendo una tras otra ante el crecimiento certificado por los de Santiago Abascal. Esto les ha permitido ganar peso en gabinetes autonómicos en los que ya estuvieron en la anterior legislatura, hasta la ruptura con Génova surgida en 2024 a raíz de su aceptación de las cuotas de acogida de menores acompañados. Precisamente la migración es una de las materias que Vox, obsesionado con implantar su “prioridad nacional”, ha logrado acaparar en el reparto de consejerías, al igual que en el caso de la agricultura, un baluarte donde los ultras también amplían su campo de acción.
Son ocho los departamentos que, repartidos en estas tres comunidades, tiene a su cargo la formación ultraderechista. En Extremadura, donde en diciembre casi dobló su representación parlamentaria -pasó de 6 a 11 diputados-, también ha hecho lo propio con su presencia en la Junta. Vox, que en 2023 entró en el primer ejecutivo de María Guardiola asumiendo la modesta cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural, ahora gestiona dos que suman casi el 15% del presupuesto total. La de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, con una partida de 1.080 millones, la dirige ya Juan José García, un doctor en Ciencias por la Universidad de Extremadura, en la que ha venido ejerciendo de docente e investigador.
Entre las medidas que quiere implantar está la de crear un fondo de compensación agraria de 2 millones de euros frente a las que califican como “nefastas” políticas de Bruselas vinculadas al Pacto Verde, la Agenda 2030 y el acuerdo con Mercosur. También destinará 20 millones al aplazado proyecto de regadío de Tierra de Barros que “se ejecutará en breve”. Del mismo modo, están contemplados 700.000 euros para el fomento de la tauromaquia y 600.000 para la pesca y la caza, actividad esta última de la que García se declara “aficionado”.
Vox también gobierna el departamento de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la mano de quien fue su cabeza de lista en las elecciones del pasado 21 de diciembre, Óscar Fernández. El también vicepresidente segundo aseguraba a finales de mayo que quieren “hacer realidad lo que nosotros entendemos como prioridad nacional, que simplemente es justicia, sentido común y compromiso con lo nuestro”. Eso se traduce en un recorte de 10 millones de euros en partidas vinculadas a asociaciones y entidades que, según Fernández, “promueven la inmigración ilegal, masiva y descontrolada”, así como en cooperación. También rebajará a la mitad las subvenciones a los sindicatos, mientras que doblará las ayudas a la natalidad (2,12 millones) y a los enfermos de ELA (400.000 €).
La de ligar la vicepresidencia con la cartera dedicada a la desregulación -iniciativas para reducir trámites burocráticos- y las políticas sociales está siendo para Vox una constante en los ejecutivos constituidos en estos últimos meses junto al PP. Lo ha hecho en Extremadura e igualmente en Aragón, donde Alejandro Nolasco es el segundo de a bordo en el gabinete presidido por el popular Jorge Azcón. El vicepresidente primero revelaba hace poco que, desde su toma de posesión el pasado 4 de mayo, la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia que él también comanda ha paralizado el traslado a Aragón de hasta siete menores migrantes no acompañados. Así mismo, anunció que seguirán presentando recursos contra estos traslados ordenados por el Gobierno español pese a que el Tribunal Supremo rechazó el pasado 15 de junio uno de ellos.
El presupuesto de esta consejería, cifrado en 546 millones de euros de los que casi la mitad -265 millones- se destinan a dependencia y discapacidad, ha crecido un 8% desde 2025. También crece, en un 5% en este caso, el de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que asciende a los 743,3 millones. Al frente está Arancha Simón, técnica superior en Explotaciones Agrarias, que tiene más de dos décadas de experiencia en cargos de responsabilidad en Riegos del Alto Aragón. Precisamente, su departamento prevé invertir 15,5 millones en regadíos y 24,3 en apoyar a los jóvenes agricultores y la modernización de las explotaciones.
Prevención de incendios
También presenta un marcado perfil técnico Luis Biendicho, el nuevo responsable de la consejería que gana Vox en Aragón respecto a la pasada legislatura, la de Medio Ambiente y Turismo. Es abogado de la comunidad autónoma desde hace casi 30 años y conoce bien la Administración, ya que además fue secretario general técnico de la consejería de Agricultura entre 2023 y 2024. Manejará un presupuesto de casi 380 millones, de los que más de 50 están reservados para la prevención y extinción de incendios. Un montante que, esperemos, no se quede corto en un verano que se prevé complicado, vistas las olas de calor que se han adelantado a su llegada.
Vox da “prioridad a los andaluces” por encima de los sillones
Aunque el pírrico crecimiento en porcentaje de voto –0,35%– obtenido por Vox en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo respecto a las de cuatro años antes no colmó ni de lejos las expectativas de una fuerza que surca las ajetreadas aguas de la política española encaramada a la cresta de la ola, sus 15 diputados –uno más que en la anterior legislatura– no dejan de ser determinantes para permitir que Juanma Moreno Bonilla, tras perder la mayoría absoluta de la que gozaba desde 2022, siga al frente de la Junta de la comunidad más poblada del Estado. Las negociaciones de cara a su investidura ya están en marcha y Vox, sin confirmar si entrará o no en el gobierno, sí recalca –como ya ha hecho en otras ocasiones– que las políticas están para ellos por encima del reparto de consejerías.
“Si, de verdad, para el PP la prioridad son los andaluces, creo que no tendremos ningún problema en ponernos de acuerdo”, aseguró el pasado martes la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, quien hizo hincapié en que la “prioridad” consiste en “dar la vuelta a las políticas, más allá de la cuota de responsabilidad que cada uno tenga” en la futura Junta de Andalucía.
En términos similares se pronunciaba un día antes el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, al señalar que lo fundamental para el acuerdo son “las medidas” políticas a implementar y no “los sillones”. “Queremos ir medida a medida y demostrar que es posible cambiar las políticas”, agregó Garriga, desvelando que con el PP hablan ya de temas como la vivienda, la fiscalidad, la política migratoria o la protección del campo en unas negociaciones que afrontan sin prisas.
Con la prioridad nacional como eje irrenunciable, esos contactos siguen y, según informaba la Cadena SER, Vox ya ha entregado al PP un documento con sus propuestas y líneas rojas para apoyar la investidura de Moreno como ya hicieron en 2018, cuando quedó segundo por detrás de la socialista Susana Díaz. Entonces, los acuerdos alcanzados entre ambas fuerzas quedaron, a juicio de los de Abascal, en agua de borrajas. Para evitar que ocurra lo mismo, Vox barajaría entrar en el Ejecutivo, como ya ha hecho en otras comunidades, si esta es la forma de garantizar que se lleven a cabo las iniciativas que pacte con los populares andaluces.
Y también son tres las consejerías que Vox detenta ya en Castilla y León, donde el pasado 13 de junio se dio a conocer la composición de la Junta presidida, una vez más, por Alfonso Fernández Mañueco. Respecto a las carteras que asumió en 2022, cuando esta comunidad se convirtió en la primera que dio entrada en el gobierno a la fuerza ultraderechista, esta repite en la de Agricultura y también en la de Cultura y Turismo. En cambio, deja al PP la de Industria y, en la línea marcada previamente en Extremadura y Aragón, se hace con la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales a través de quien fue su cabeza de lista en los comicios del pasado mes de marzo: Carlos Pollán.
El ahora vicepresidente primero se encargará personalmente, dentro del ámbito de la desregulación, de implementar medidas de racionalización, simplificación y eliminación de cargas administrativas, en lo que se ha convertido en un mantra para los de Abascal, quizás en una versión edulcorada de la eliminación del Estado promulgada por su socio en Argentina, Javier Milei.
En el apartado de los servicios sociales, Pollán goza de un amplio margen de maniobra para materializar el discriminatorio concepto de prioridad nacional y marcará la pauta en asuntos de inmigración. “Vamos a luchar frontalmente contra la inmigración ilegal”, advertía días antes de tomar posesión de su cargo como vicepresidente de la Junta. La cooperación con el Tercer Sector también se halla en su negociado y ahí, al igual que su homólogo en Extremadura, Óscar Fernández, dejó un mensaje nítido para las asociaciones que trabajan dando auxilio a personas migrantes. “Lo que no queremos es participar y que reciban subvenciones ONGs que participen en el efecto llamada a la inmigración ilegal. Las ONGs que cumplan la ley y estén de acuerdo en todo no tienen que temer nada”, dijo Pollán.
Entre las 324 medidas acordadas por PP y Vox para esta nueva legislatura también se encuentran las restricciones a la acogida de menores no acompañados -a quienes se realizarán pruebas de edad-, las gestiones para su devolución a sus países de origen y el establecimiento de convenios con terceros países en materia de extranjería, iniciativas todas ellas que pretende impulsar la consejería liderada por Pollán. Además, se reducirá a la mitad las subvenciones a sindicatos y patronales y se congelarán al mínimo las ayudas a la cooperación internacional.
Castilla y León no es una excepción y allí también está Vox al frente de la consejería de Agricultura de la mano de Joaquín Antonio Pino, figura con una innegable implicación en el sector ya que durante casi dos décadas ha liderado la sección de Ávila del sindicato agrario Asaja. Tras su toma de posesión, avanzó que mantendrá una “posición reivindicativa” frente al Gobierno español y a Bruselas para defender a los agricultores castellano-leoneses de las consecuencias del acuerdo con Mercosur y de las políticas agrarias de la Unión Europea.
Por su parte, Alberto Díaz Pico, oficial del Cuerpo Jurídico Militar, comanda la consejería de Cultura, Turismo y Deporte, tras haber sido entre 2022 y 2024 secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. El nuevo responsable del área destacó nada más asumir el cargo que entre sus objetivos está el de cambiar “la forma de entender la cultura” y combatir su “ideologización”, lo que suena a girar hacia la derecha el sentido de ese supuesto marchamo ideológico en un ámbito que, a su juicio, ha estado “asociado necesariamente a la progresía”. Díaz Pico también está decidido a aplicar la “prioridad nacional” en la cultura, intentando “implantar todo aquello para que los ciudadanos españoles sean los primeros”. En ese contexto deben entenderse medidas como el impulso al aprendizaje del español o la recuperación de iglesias y plazas de toros rurales, que forman parte del programa de su departamento.
Ensayo a nivel local
Con el objetivo de dotar de contenido a esas 324 iniciativas contempladas por PP y Vox para Castilla y León, este pasado jueves el primer Consejo de Gobierno ordinario de la nueva Junta emplazó a los consejeros a enviar sus previsiones de ingresos y gastos a fin de comenzar a elaborar los presupuestos de 2027, que esta vez sí que saldrán adelante después de dos años de prórrogas a raíz de la ruptura, ahora restañada, entre las fuerzas del bloque derechista. Así, Vox contará, al igual que en Extremadura y Aragón, con herramientas para ir dando forma a sus propuestas en base a su excluyente ideario, en lo que se antoja como un primer ensayo a nivel local con la vista puesta en su aplicación en todo el ámbito estatal, de la mano de una ampliación de su alianza con el PP. Algo que, de no mediar un revolcón más que improbable, llegará más pronto que tarde.
