Tras haber sido condenado en noviembre del año pasado por revelación de secretos vinculados a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz podría ver condonada la inhabilitación de dos años para ejercer el cargo de fiscal general del Estado que le impuso el Tribunal Supremo en dicha causa. Por lo pronto, la Fiscalía del Alto Tribunal ha mostrado su apoyo a la concesión de un indulto parcial que concretamente afectaría a este aspecto sancionador. En todo caso, la medida de gracia tendría efectos limitados, pues solo rebajaría la duración y se acortarían los plazos para cancelar los antecedentes penales.

Ha sido la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien ha emitido un informe ante la Sala Segunda del Alto Tribunal en el que apoya parcialmente la petición que hicieron dos ciudadanos en diciembre al Gobierno de que se otorgara el indulto total a García Ortiz por el delito de revelación de secretos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, además de ser inhabilitado temporalmente para detentar el cargo que ocupaba hasta entonces, el exfiscal general del Estado fue condenado al pago de una multa de 7.200 euros y a una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil, así como a abonar las costas del procedimiento.

Sánchez Conde defiende que García Ortiz debe ser exonerado de la pena de inhabilitación que, según la condena del Supremo, quedará extinguida presumiblemente el 9 de diciembre de 2027, por lo que reclama que se le perdone lo que le queda por cumplir cuando se le conceda el indulto.

El informe alude a la ausencia del "beneficio personal" de García Ortiz respecto al delito cometido, la "incidencia desorbitada" de la condena "sobre la reputación, carrera profesional y posición institucional" del exfiscal y que el fallo ha "generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas". La teniente fiscal deja al mismo tiempo constancia de que la condena de la Sala Segunda "ha cumplido las funciones retributivas a que estaba llamada", puesto que, entre otras cosas, "ha preservado el principio de igualdad ante la ley, mostrando que incluso las más altas autoridades del Estado están sometidas a control judicial".

El indulto, añade, tampoco equivaldría a revisar los hechos que se han considerado acreditados ni su calificación jurídica, y su solicitud "solo se encamina a tomar en consideración si la ejecución íntegra de la pena resulta necesaria, proporcionada y útil desde la perspectiva de la justicia, la equidad y la utilidad pública".

"No puede desconocerse, que ausente todo motivo de lucro, la actuación del penado tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución por él presidida ante los ataques que cuestionaban el quehacer profesional de los fiscales en un asunto de enorme interés mediático e incluso su propia actuación al imputársele falsamente, y así está reconocido, un comportamiento no acomodado al ordenamiento jurídico, lo que permite apuntar la dimensión institucional y constitucional del asunto", destaca también la fiscal del Supremo.

En el informe, Sánchez Conde reclama también que se tenga en cuenta que García Ortiz en todo momento asumió "la responsabilidad en la confección de la nota de prensa informativa que está en la base de su condena", que ha estado siempre a disposición del tribunal, que renunció a su cargo, y que ha hecho entrega de todas las cantidades que le han sido requeridas para el pago de la multa impuesta y el abono de la responsabilidad civil.