García Ortiz dice que se le condenó sin pruebas y se sintió "maltratado" en el juicio

El exfiscal general del Estado Álvaro García ha sostenido que el Tribunal Supremo (TS) le condenó sin "carga probatoria" en su contra y ha asegurado que se sintió "maltratado" y "señalado" a lo largo del juicio por Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como por su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

"Yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible, no había para mí ninguna carga probatoria contra mí. Lo tenía clarísimo y salí convencido en el juicio", ha asegurado García Ortiz en el programa 'Lo de Évole' de 'La Sexta', en su primera entrevista desde su condena el pasado noviembre.

El que fuera fiscal general del Estado ha reconocido que el fallo fue "duro" y una "sorpresa" porque estaba convencido de que sería absuelto, al tiempo que ha reiterado que no fue él el origen de la filtración de correos entre la defensa de González Amador y un fiscal sobre presunto delito contra Hacienda del novio de Ayuso.

De igual modo, ha confesado que fue "doloroso" ver la intervención de González Amador en el juicio. "Se dirigió a mí hasta en cinco ocasiones. Me señaló, dijo mi nombre y lo hizo con esa vehemencia", ha afirmado, apuntando al mismo tiempo a Rodríguez. "Fueron dos momentos difíciles en el juicio", ha añadido.

En este punto, García Ortiz ha defendido que cualquier persona que "se somete a los tribunales tiene derecho a que se respete su persona, su dignidad, y que no se señale de esa manera flagrante a su persona".

Respecto a Miguel Ángel Rodríguez, que declaró a los periodistas meses antes del juicio que el entonces fiscal general del Estado iba "pa'lante", García Ortiz ha afirmado que no sabe si sus pronósticos aciertan siempre, si bien cree que "hay un intento claro de intoxicación y de calumnia" contra la Fiscalía General. Así, ha incidido en que no se va a referir "a su actividad de naturaleza política", pero ha apuntado: "No la banalizo". 

Dolor personal e institucional

Por otro lado, también ha contado el "dolor personal e institucional" que le causó el comentario que el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, hizo en una jornada pública del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

"Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal", dijo Arrieta a modo de despedida, lo que desató risas y aplausos entre la audiencia, según un audio difundido. Aunque García Ortiz ha rechazado "criticar" sus palabras o "ponerlas en otro contexto" diferente, ha incidido en el "profundo dolor" que le ocasionaron.

A eso se sumaron los 20 días de espera para conocer el contenido de la sentencia. "Y mientras tanto, todo el país hacía una elucubración política, jurídica, personal, de cuáles habían sido no solo las razones, sino también los hechos por los que yo había sido condenado", ha subrayado. "Es complicado de gestionar también en la cabeza de uno", ha añadido.

Para García Ortiz fue igualmente "doloroso" el testimonio de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien aseguró como testigo en el juicio que advirtió de que los 'emails' con información sobre González Amador se iban a "filtrar" y de que, cuando preguntó directamente al jefe del Ministerio Público si lo había hecho, éste le contestó que eso no importaba. Según su versión, éste respondió de forma evasiva, lo que ella interpretó como sospechoso.

"Que de una imaginación de lo que yo he hecho o haya podido hacer se saque una inferencia me parece doloroso, por qué lo voy a negar", ha manifestado el ex fiscal general.

Y ha rechazado responder a preguntas sobre su relación personal o profesional con Lastra: "Ella ha dicho eso en sede judicial y es responsable de lo que haya dicho. Y mis desavenencias de la señora Lastra conmigo o yo con ella, deben quedar ahí".

Sus declaraciones llegan días después de que su sucesora como fiscal general del Estado, Teresa Peramato, haya propuesto al Gobierno el nombramiento de María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid en sustitución de Almudena Lastra.   

Preguntado por si su proceso se trató de un "golpe de Estado", Álvaro García Ortiz ha afirmado que lo ha oído "alguna vez", pero ha respondido que no puede "etiquetar ni poner ningún adjetivo" a una instrucción judicial que, desde su punto de vista, "no debía haberse producido". "Yo creo que eso corresponde a otros ámbitos. No estoy de acuerdo con que eso ocurra. Le corresponde a otros hacer cualquier clasificación", ha reiterado.

Asimismo, en otro momento de la entrevista ha apuntado que el poder de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que le juzgó, es "casi de control de los poderes del Estado, incluida la propia Presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". A su juicio, la Sala Segunda es un órgano "importantísimo" en el que existe "un desequilibrio de poder". Con todo, ha asegurado no cuestionar "a ninguno de los magistrados del Supremo".  

Apoyo de Sánchez

Por otra parte, ha admitido que el apoyo que recibió del presidente Pedro Sánchez podría haberle perjudicado de algún modo, aunque, en su opinión, lo "sorprendente" hubiera sido que dijera que era culpable. Además, ha desvelado que las declaraciones de Sánchez afirmando que la Fiscalía General "depende del Gobierno" le "persiguen".

"Yo creo que esa frase me va a perseguir no solo a mí, sino a todos los fiscales de este país durante mucho tiempo", ha insistido García Ortiz, que ha defendido que esa palabras "no se corresponde con lo que dice la ley".

En este contexto, García Ortiz ha afirmado que de haber dimitido antes de su juicio podría haber "originado un problema político" al presidente del Gobierno, a quien hubieran exigido --en su opinión-- también su renuncia. 

Inhabilitación

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo, a una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 a González Amador por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador punto.

El ex fiscal general solicitó en abril al Tribunal Constitucional (TC) que anulara la condena que le impuso el Tribunal Supremo, defendiendo que en su actuación "existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella". Por su parte, el Ministerio Público también ha recurrido la sentencia ante el TC, ya que considera que se vulneraron los derechos de García Ortiz a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella, y a la legalidad penal.