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Ábalos denuncia que su caso está “juzgado desde hace tiempo y con condena clara”

Asegura que desconocía la oferta de la empresa de Aldama para la compra de mascarillas: “Por mi mano no pasó ninguna”

Ábalos denuncia que su caso está “juzgado desde hace tiempo y con condena clara”Señal del Tribunal Supremo

José Luis Ábalos ha adoptado el papel de víctima en su declaración dentro del juicio por el caso 'mascarillas', en el que está imputado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos junto a quien fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, y al comisionista Víctor de Aldama. El que fuera también secretario general del PSOE ha denunciado en el Tribunal Supremo que se le juzga por un caso "claramente mediático, juzgado desde hace tiempo y con condena clara". Y, además, ha negado punto por punto todas las acusaciones en su contra, entre ellas la del cobro de mordidas por adjudicar contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, asegurando que por su mano "no pasó ninguna oferta".

En respuesta al largo interrogatorio al que le ha sometido el fiscal, Alejandro Luzón, Ábalos ha afirmado que las productoras de televisión han pagado a "gente vulnerable" para "guionizarlas" y presentar argumentos en su contra. "Es parte de toda la miseria de este proceso", ha lamentado. Así, ha negado su participación en la contratación en empresas públicas de su expareja Jéssica Rodríguez y de Claudia Montes, Miss Asturias 2017. Sobre la primera remarcaba que nunca supo que no fuese a trabajar a su puesto en Ineco y Tragsatec e insinuó que había pactado su declaración en el juicio con el reconocido comisionista Víctor de Aldama. En cuanto a Montes, el exministro de Transportes ha aseverado que nunca tuvo "ninguna relación" con ella, contradiciendo lo apuntado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Yo no hable con nadie para que la contrataran", ha respondido a Ábalos cuando el fiscal Luzón le ha preguntado por el mensaje que le envió a Koldo García en el que decía: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o algunas de sus subcontratas?", a lo que su exasesor contestó: "Lo arreglo". Finalmente, Montes fue contratada en LogiRail, filial de Renfe.

Por otra parte, Ábalos ha rechazado que diera orden para contratar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama. "Yo siempre dije que las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello", ha manifestado, admitiendo que dio la "orden política" de comprar 13 millones de unidades por "la necesidad de generar una reserva estratégica" de material sanitario. No obstante, ha aclarado que correspondía a Puertos del Estado -8 millones- y Adif -5 millones-, los entes de Transportes a los que se encargó la compra, llevarlo a cabo y "estaban en plenitud de su competencia y de su responsabilidad" como "órgano de contratación".

"Tienen que contratar como ellos crean conveniente. Yo no he contratado jamás, no he formado parte de ningún órgano de contratación. Tienen el mandato de comprar, pero no el de contratar con nadie en concreto. Tienen que contratar a quien crean, porque al final son ellos los que van a tener que responder de quien contraten", ha agregado.

"No conocí ninguna oferta"

Sobre que desde Puertos y Adif escogieran a Soluciones de Gestión, el exministro ha asegurado que si "no les gustaba" esa oferta, "podían haber cogido otra". "El problema es que las otras podían merecerles bastante menos confianza, y sobre todo es que igual les tocaba adelantar un dinero que no querían arriesgar", ha dicho.

También ha afirmado que no conoció "ninguna" oferta y que supo que "hubo varias", hasta "cuatro coetáneas" a la de Soluciones de Gestión", según le comentó su asesor, también acusado, Koldo García.

"Este tema solamente lo despaché con el subsecretario, con nadie más, y él me dijo que, aunque la ley de contratos del sector público para situaciones de emergencia y el propio decreto del estado de alarma creado para esta situación no exigía la concurrencia, quedaría bien si hubiera algunas ofertas más", ha indicado.

Ante ello, Ábalos les pidió "buscarlas y se ha mostrado "convencido" de que "al menos algunas hubo": "Por mi mano no pasó ninguna, por lo tanto no sé ni quiénes, pero a mí, por lo que se me respondió y lo que me consta, es que más de una hubo seguro".

Conoció a Aldama de forma muy apresurada

Respecto a Aldama, el exministro ha dicho no recordar la fecha exacta en que lo conoció, aunque cree que fue "en el último trimestre de 2018, posiblemente en torno a septiembre u octubre".

"Sé que fue una presentación muy apresurada por parte de Koldo y fue, recuerdo, que me estaba subiendo al coche", ha precisado, después de manifestar a preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón: "Permítame la ironía, nada que celebrar".

Y ha acusado a Aldama, al que ha situado en "la impostura permanente de aquella persona que necesita demasiadas credenciales", de falsear una carta con sello del Ministerio de Transportes en la que se le situaba al empresario como enlace con Juan Guaidó en el tiempo que este se proclamó como presidente encargado de Venezuela.

"Hay una sustracción de papel oficial, está la estampación de un sello que forma parte del Ministerio y para adornar la farsa te coloca una carpeta de protocolo del Ministerio, bonita, dorada, con el escudo de España, pero eso no se le entrega a nadie y es material de oficina, que debe devolverse a la oficina", ha apuntado.

Solicitud de penas

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La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido las penas de prisión que pedía para Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, mientras que el PP, que lidera la acusación popular, ha reducido de siete a cinco años la pena solicitada para el presunto conseguidor.

Una vez completadas las declaraciones de los tres acusados, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus peticiones de penas de 24 años para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para el presunto conseguidor Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden ahora cinco años.