El pleno del Congreso derogará este martes, salvo sorpresa de última hora, el decreto ley impulsado por Sumar dentro del Gobierno, que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2 % las actualizaciones anuales de renta.
El decreto, que apoyan el PSOE y el resto de partidos de izquierdas, será previsiblemente rechazado por la mayoría que suman el PP, Vox y Junts.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han confirmado a EFE que será su titular, Pablo Bustinduy, el que defienda este decreto ley ante el pleno.
La medida de Bustinduy
Bustinduy ha sido el principal impulsor y defensor público de la prórroga de los alquileres, una medida que Sumar negoció sin éxito a finales del año pasado con el ala socialista del Gobierno, hasta que el pasado 19 de marzo consiguió que fuera aprobada 'in extremis', tras un plante de sus cinco representantes en el Consejo de Ministros y la intervención directa de la vicepresidenta Yolanda Díaz ante el presidente, Pedro Sánchez.
Los socialistas, que siempre han mostrado reticencias a aceptar esta prórroga por motivos jurídicos y políticos, llegaron a calificar de potencialmente inconstitucional su inclusión en un decreto ley, aunque con la excepcionalidad que permitió la guerra en Irán esas reservas jurídicas se aplacaron.
En cuanto a los motivos políticos, el ala socialista del Ejecutivo está en contra de llevar al Congreso medidas con un rechazo tan claro, por el desgaste que supone, así que optó por secundar el decreto en el Consejo de Ministros pero manteniendo un perfil bajo en la comunicación.
En esa línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho públicamente que apoya la medida y que es el marco es vigente, pero ha evitado recomendar a los ciudadanos de forma explícita que pidan la prórroga, ante la "inseguridad jurídica" que traerá su previsible derogación.
Desde el Ministerio de Vivienda se refieren a esta prórroga como "la medida de Bustinduy" y explican que Isabel Rodríguez "es muy prudente y no quiere arrojar a la gente a un conflicto judicial, sin saber si les van a dar la razón".
Algunos juristas coinciden en que la medida puede abrir una oleada de litigios sobre si las prórrogas solicitadas durante la vigencia del decreto siguen siendo válidas o se consideran nulas, si el texto no se convalida, ya que no hay doctrina al respecto.
Presión sobre el PP
Por su parte, Sumar, que ha criticado al PSOE por "ponerse de perfil", ha fiado la convalidación del decreto a la movilización social y la presión sobre el PP, cuya abstención permitiría que saliera adelante.
En los últimos días, Bustinduy ha insistido en el "coste social" que supondrá para este partido votar en contra y hoy hay una concentración frente a la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, convocada por el Sindicato de Inquilinas y la Federación Vecinal de Madrid, junto a organizaciones y colectivos de vivienda, con el lema "O con la gente o con los especuladores".
Los populares, sin embargo, no han accedido siquiera a reunirse con Sumar para hablar de una medida que afecta a algo más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de inquilinos, la mitad de ellos concentrados en Madrid, Cataluña y Andalucía, según datos de Consumo.
Para pedirles que reconsideren su voto, Bustinduy envió esta semana una carta a su líder, Alberto Núñez Feijóo, en la que le traslada que una encuesta del centro de investigación Ateneo del Dato refleja que el 73,6 % de los españoles apoya la prórroga, entre ellos el 65 % de los votantes del PP.
