Melgosa pide bilateralidad al Estado tras la conferencia fallida sobre los menores migrantes

La política de bloques y la bronca se extienden como una mancha de aceite en los distintos órganos de cooperación con las comunidades autónomas que está convocando el Gobierno español. El miércoles se vivió un nuevo episodio, con el plante del PP a la Conferencia Sectorial de Infancia que iba a abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados. Lo hizo alegando unas supuestas irregularidades en la convocatoria del foro, aunque el PSOE y Sumar solo ven un intento deliberado de boicotear esta discusión por su dependencia de Vox. Por parte de los populares, solo acudieron dos representantes a quienes les aprieta el zapato por la presión migratoria que experimentan: Ceuta, y también Canarias (donde Coalición Canaria gobierna en alianza con el PP, y que es precisamente la comunidad que necesita este mecanismo de reubicación de los menores en otros territorios cuando sus recursos se desbordan y no puede atender con dignidad a estos niños y niñas). Antes de estos foros, además, no suele haber un profundo trabajo de cocina previo por parte del Gobierno español. En vista del enredo, la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, quiere priorizar la relación “bilateral” con el Gobierno español, ya que estos órganos multilaterales no sirven para aportar soluciones, sino únicamente para que cada cual alimente su discurso político y organice todo tipo de escenificaciones.

El Congreso de los Diputados aprobó hace un año la fórmula para distribuir a los menores por los territorios en base a criterios de población, indicadores económicos y el esfuerzo realizado por cada comunidad; y en base a esa fórmula y los últimos datos actualizados de las comunidades, el Ministerio ha calculado el máximo de ocupación que puede tener cada una. En la conferencia del miércoles, el Gobierno español iba a informar a las comunidades de unas adaptaciones que ha introducido en el Real Decreto de capacidad ordinaria de los sistemas de acogida, unos ajustes que ha incorporado tras recibir los últimos datos de ocupación que había solicitado a las comunidades. Es un decreto para establecer el reparto de este año, y el Estado dice que es prácticamente igual que el del año pasado, aunque cambian algo las cifras. El Gobierno Vasco envió sus datos actualizados a 31 de diciembre de 2025. La propuesta estatal, según la ministra Sira Rego, irá “de manera inminente al Consejo de Ministros” a pesar del boicot del PP. 

Según los cálculos que se han filtrado desde el miércoles, la capacidad máxima de la comunidad autónoma vasca se situaría en 776 menores. Antes de este nuevo decreto, se hablaba de 731, de manera que la cifra que se propone ahora supera esa cantidad. No obstante, fuentes del departamento de Melgosa consultadas por Grupo Noticias ponen el foco en que, en realidad, la comunidad autónoma ya se sitúa por encima de esa cifra durante muchos meses del año, en los que supera de largo los 800. Las mismas fuentes insisten en que eso acredita que Euskadi realiza un esfuerzo superior al de otras comunidades autónomas, y es precisamente lo que ha permitido que le toquen “cero” menores más en los últimos repartos. Por tanto, la situación vasca no cambiaría con esta nueva cifra, porque se supera de facto. 

Por ello, en lugar de centrarse en esta cifra, la principal reflexión que ha querido realizar el Gobierno Vasco es de tipo político sobre unas conferencias sectoriales con las que no está cómodo. Seguirá acudiendo si hay una convocatoria para que esté presente la voz vasca, pero quiere priorizar la vía bilateral, que ya existe en paralelo y que es fluida con Sira Rego, según explican. La acogida de menores corresponde a las diputaciones forales y, por tanto, en esos encuentros bilaterales, el Gobierno Vasco ha acudido acompañado de representantes forales.

Plan estructural

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Melgosa evidenció que en la comunidad autónoma vasca “tenemos un mayor número de menores” que otras comunidades, y la capacidad está superada. Pero puso el acento en la escasa operatividad de las conferencias sectoriales, y en la necesidad de trabajar en serio sobre un fenómeno que exige una respuesta estructural. Pradales lleva meses exigiendo un plan de actuación al Estado en materia migratoria más allá de los parches puntuales para que la gestión se realice de forma ordenada.

 “Hay que bajar los decibelios de la política madrileña. Todo vale, pero estamos hablando de derechos y deberes de la infancia. Es hora de hablar. Hemos propuesto reuniones bilaterales con el ministerio, porque tenemos que avanzar”, destacó Melgosa. Su reflexión, en cualquier caso, fue más allá del asunto de los menores, y repitió las reivindicaciones que lleva meses liderando el lehendakari con el presidente canario, Fernando Clavijo: tiene que haber un “plan estratégico” estructural sobre migración, con una memoria económica y que, en el caso vasco, debería contemplar que Euskadi sea considerada frontera norte por la presión que sufre como zona de tránsito hacia el resto de Europa, y por los cierres unilaterales de la muga que decreta el Estado francés sin encomendarse a nadie. 

“Si los demás no quieren entrar al juego, allá cada cual, pero nosotros tenemos que responder a los intereses de la población vasca”, avisó. Melgosa añadió otro reproche velado, esta vez para el Gobierno, por presentar estos asuntos “sin cocina” y sin tener en cuenta los impedimentos que se puede encontrar. “Hay que dejarse de titulares y ponernos a trabajar”, pidió.

Sin diálogo en la regularización

Esta crítica hila con la ausencia de diálogo del Gobierno español con la parte vasca sobre el decreto de regularización de migrantes. El decreto va con retraso, y la última previsión es que pueda ver la luz en torno al martes que viene en el Consejo de Ministros, de manera que habrá pasado ya la mitad del mes de abril y, si no se amplía en consonancia el plazo para finiquitar el proceso el 30 de junio, podría producirse un atasco (se habla de medio millón de personas, aunque otros cálculos elevan la cifra a 840.000 personas). El Estado tiene la competencia para controlar la entrada de personas en su territorio y también su permanencia, pero la atención social es competencia de la comunidad autónoma vasca y las diputaciones forales. 

De hecho, como ya informó Grupo Noticias, el Gobierno Vasco formuló alegaciones enfocadas a la integración sociolaboral. La parte vasca ofreció su colaboración al ministerio de Elma Saiz en una reunión el 16 de febrero, pero Melgosa dio a entender este jueves que el ministerio cree que se basta y se sobra en este proceso porque, en sentido estricto, la entrada y permanencia en territorio estatal es de su absoluta competencia. Solo quedaría ver la redacción final del decreto con los cambios que haya podido introducir el Consejo de Estado y los que Saiz haya incorporado como guiño a alguno de sus socios. Con este panorama, el Gobierno Vasco solo pudo comprometerse este jueves a informar a las personas que quieren regularizar su situación para que tengan claro cómo funciona el proceso.

El proceso de regularización es extraordinario, y esto significa que los solicitantes no tendrán que cumplir más requisitos que acreditar cinco meses de residencia en el Estado (antes del 31 de diciembre del año pasado) y que carecen de antecedentes penales. Pero esta autorización tiene una vigencia de un año y, a partir de ahí, no está muy claro qué ocurrirá cuando tengan que renovarla y entren en juego los informes de arraigo. El Gobierno Vasco había planteado, por ejemplo, que se reconozca el esfuerzo de los migrantes que inicien su aprendizaje de euskera en ese primer año, “sin configurarlo como un requisito excluyente”, según la alegación a la que tuvo acceso este periódico. El Gobierno Vasco ya reconoce este esfuerzo en los informes de integración social que redacta sobre cada persona, y pretendía un reconocimiento oficial por parte del Estado. Esos informes reconocen otras variables como el empadronamiento o el trabajo.

Melgosa desveló que ha preguntado al Estado si también se va a aplazar el plazo del final del proceso para que no acabe el 30 de junio, pero “dijeron que no es posible”. Y se pusieron “a disposición” de Elma Saiz, pero se “rechazó la colaboración” porque, al ser competencia estatal, “ellos establecen los canales de entrada”. Con la vía que ha elegido el Estado, el decreto no tendrá que ser convalidado en el Congreso de los diputados. La consejera insistió en gestionar todo lo relativo a la migración con un plan “estructural” y no hacerlo “desde la crispación”. “Nos estamos jugando mucho”, alertó.