El PNV enmienda la Constitución con el derecho a decidir y el Concierto Político

El Estado español se dispone a abordar otra reforma constitucional exprés y limitada, una de esas reformas que son en realidad un mero retoque en un solo punto, que acaban en un abrir y cerrar de ojos y sin que PP y PSOE den siquiera la opción de abordar cuestiones troncales sobre el modelo territorial o el funcionamiento de la monarquía. El Congreso de los Diputados ha cerrado este miércoles el plazo para registrar enmiendas al proceso, que esta vez se ha originado desde el Parlamento balear y tiene como objetivo que Formentera cuente con un senador propio. Se va a tramitar por lectura única, lo que supone que no habrá debate en comisión ni en ponencia y se irá directamente a pleno. Como ya hizo en 2011 cuando se reformó la Constitución para afrontar el déficit económico, y en 2024 para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”, el PNV ha vuelto a poner sobre la mesa sus reivindicaciones históricas para dejar constancia de que no renuncia a ellas y para recordar que hay un elefante en la habitación, que el problema territorial no está resuelto.

El PNV recupera las 11 enmiendas ya conocidas, que incluyen una formulación sobre el derecho a decidir pactado, y una batería de herramientas para blindar las competencias vascas e impedir la erosión de su autogobierno con leyes estatales o sentencias restrictivas del Tribunal Constitucional: insiste en activar una Comisión Mixta del Concierto Político para abordar las leyes y disposiciones estatales antes de que sean aprobadas, propone una Junta Arbitral en caso de desacuerdo y, si hubiera que acudir como última instancia al Tribunal Constitucional, este órgano judicial tendría que contar con una sala foral, y ya no podría suspender automáticamente una norma vasca con el mero registro de un recurso por parte del Estado. Esa es una prerrogativa que solo tiene el Estado y no funciona a la inversa, cuando el recurso afecta a leyes españolas. El PNV se apoya en la singularidad del régimen foral y en el modelo que ya rige las relaciones a nivel financiero, el Concierto Económico.

También hace otras propuestas de aplicación más general en el Estado, como la supresión del artículo 155 que permitió suspender la autonomía en Catalunya tras el referéndum de independencia; que las fuerzas armadas dejen de figurar como garantes de la integridad territorial y del ordenamiento constitucional, porque ese papel corresponde a los tribunales; y que el rey español solo sea inviolable por las acciones que lleve a cabo en el ejercicio de su trabajo como representante del Estado. Es decir, el rey debería responder ante los tribunales como cualquier otro ciudadano por sus acciones privadas. Diferenciar esos dos planos evitaría la sensación de impunidad que se ha denunciado en varios ámbitos por los negocios del emérito Juan Carlos de Borbón, que no han podido ser juzgados.

Misión imposible

Hasta la fecha, PP y PSOE nunca han mostrado voluntad de abrir el melón constitucional ni se prevé que lo hagan ahora. Es cierto que a nivel vasco se está debatiendo una reforma del Estatuto de Gernika o nuevo estatus, pero son dos planos diferentes que nadie ha querido vincular. De hecho, el PNV ha defendido históricamente que se puede dar un salto en el autogobierno con la percha de los derechos históricos sin entrar en una reforma constitucional que hoy por hoy carece de las mayorías necesarias. Aunque el PSOE la aceptara, las cuestiones que plantea el PNV exigen una reforma por el procedimiento agravado, una mayoría de tres quintos que obliga a contar con el PP. Después habría que disolver las Cortes estatales para ir a elecciones (una tecla que Sánchez no quiere pulsar, y menos aún en este momento), volver a ratificar la reforma y convocar un referéndum.

Las naciones del Estado, la foralidad, una nueva sala del TC...

El PNV, en cualquier caso, aprovecha la percha de la reforma del artículo 69.3 a petición de Baleares para recordar que hay un gran debate pendiente. Los jeltzales proponen, por un lado, modificar el artículo 2 de la Constitución para suprimir las referencias a la “indisoluble unidad de la nación española”. En la parte que reconoce las “nacionalidades y regiones que la integran”, el PNV plantea reemplazar el término “nacionalidades” por “naciones”, y hablar del “Estado” en lugar de la nación española.

Por otro lado, el PNV propone una nueva disposición adicional como “cláusula de salvaguarda de las materias propias forales”. Esa cláusula establece que la legislación y el resto de normativa estatal, cuando afecte a materias propias del régimen foral, se aplicará de la forma en la que Euskadi y el Estado lo hayan acordado en la Comisión Mixta del Concierto Político. Es decir, esa Comisión tendría que reunirse antes de aprobar las leyes estatales para examinar si afectan a las competencias vascas y esclarecer los términos de su aplicación. “La Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes, con carácter preceptivo y previo a la aprobación de la legislación y resto de normativa del Estado”, propone el PNV. Y añade una “Junta Arbitral” para los conflictos de competencia que surjan una vez que se hayan aprobado esas leyes. La compondrán “un número igual de miembros designados” por la comunidad autónoma vasca y el Estado. Pero este órgano funcionará “sin perjuicio de las acciones que correspondan ante la jurisdicción constitucional y ordinaria”. Esto quiere decir que el Tribunal Constitucional no desaparece de la ecuación, pero el TC sería diferente al actual. Las leyes del Parlamento y las normas forales de las Juntas “se someterán solamente al control de la Sala Foral del Tribunal Constitucional”, compuesta por dos vocales del Constitucional y otros dos a propuesta del Parlamento Vasco y del Parlamento de Nafarroa. Propone, además, que las materias competencia del Estado se articulen como un mínimo común, y se deje a las comunidades autónomas la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.

En otra disposición adicional, asegura que “la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado”. El PNV añade otras consideraciones en sus enmiendas, como la adecuación del poder judicial a la estructura descentralizada del Estado. Para ello, elimina la referencia al principio de "unidad jurisdiccional".