Melgosa afea a Bildu “parar” la reforma para evitar otro ‘caso Bernedo’

“Habrá que preguntarle a EH Bildu cuál es su interés en parar algo que la sociedad vasca pedía y que es para la protección de los menores”. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico se hacía este lunes esta pregunta después de que EH Bildu se haya negado a tramitar, por procedimiento de lectura única, la reforma de la ley de Juventud propuesta por PNV y PSE-EE para establecer más controles a los campamentos de tiempo libre. 

El objetivo del proyecto de ley es evitar otro caso similar al ocurrido en el udaleku de Bernedo (Araba), investigado por una veintena de denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores. El paso dado por la coalición abertzale amplía los tiempos de tramitación pero aun así, el proyecto de ley que exige al monitorado que no tenga antecedentes por delitos sexuales, una declaración de responsabilidad y multas de hasta 45.000 euros, se seguirá tramitando con carácter de urgencia. Según fuentes consultadas, esto supone que la nueva norma podría ser de aplicación este mismo verano.

En paralelo, el Gobierno Vasco y las tres diputaciones llevan trabajando desde octubre en un nuevo decreto que regulará los campamentos de tiempo libre “con la intención de estar en vigor antes de este verano”, según afirmó la consejera Melgosa. Según fuentes del Departamento de Juventud, la Mesa de Coordinación entre gobierno y diputaciones -creada ex profeso para evitar otro caso Bernedo- trabaja “intensamente” en este decreto en sustitución del actual, que data de 1985.

Según las mismas fuentes, el borrador incluye ya la mayoría de los cambios de la reforma de la ley de Juventud, propuesta por los socios. Tiene tres características. Los campamentos tendrán que tener la autorización expresa de la administración. Los organizadores tendrán que presentar una declaración responsable y en caso de que hubiera alguna irregularidad se harían cargo de las consecuencias legales. Por último, el monitorado deberá presentar un certificado negativo de antecedentes penales, algo habitual en cualquier actividad con menores.