El 'conseller' catalán de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros agentes de la Policía declararán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional al expresidente de Cataluña Jordi Pujol y su familia por su presunto enriquecimiento ilícito.
El tribunal, presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, admitió el pasado julio la testifical del 'conseller' en el juicio sobre el presunto entramado que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
Según han apuntado a Europa Press fuentes jurídicas, Espadaler, que fue consejero de Medio Ambiente de la Generalitat entre 2001 y 2003, siendo Jordi Pujol presidente, quiere declarar en catalán porque es el idioma en el que se siente más cómodo para responder y ha pedido ser traducido al castellano por un intérprete. Su testifical está prevista para el martes.
Respecto a Villarejo y los policías, vinculados a la llamada 'Operación Cataluña', el tribunal aceptó "muy condicionadamente" sus testificales el pasado 10 de diciembre, cuando ya había comenzado el proceso judicial.
De Prada lo decidió en la cuarta sesión del juicio. El magistrado manifestó que "se citarían a los cinco testigos en la misma sesión" porque no quiere que se forme "un proceso dentro del proceso".
Y sugirió a las defensas que presentasen la declaración de Villarejo "como una documental", es decir, "por vía de testimonio" la declaración completa o sus "aspectos concretos".
Cabe recordar que la instrucción de la 'Operación Cataluña' se está llevando a cabo en un juzgado en Andorra, que investiga si hubo presiones por parte del Gobierno español en el Principado en 2014 para obtener información bancaria en poder de Banca Privada de Andorra, una de las entidades en la que presuntamente ocultaba su dinero el 'clan' Pujol, según el escrito de acusación la Fiscalía.
Villarejo, relacionado con la filtración de datos bancarios
Jaime Campaner, que representa a Josep Pujol, uno de los hijos del 'expresident', señaló en su exposición de cuestiones previas que la portada del diario 'El Mundo' de 7 de julio 2014, en la que había un pantallazo con datos fiscales, entre ellos, de su representado, fue lo que llevó al exdirigente a emitir un comunicado en el que admitía que tenía dinero en el extranjero.
Campaner apuntó que dicho comunicado "no es libre y voluntario" si se considera que es algo que "será rendido ante la evidencia física del hallazgo" que había en dicha portada, lo que llamó "'striptease' bancario".
El abogado relacionó esto con informes del comisario jubilado sobre el 'caso Pujol'. "En estos informes, y muy particularmente sobre las cuentas bancarias andorranas, el propio José Manuel Villarejo vincula sin ambages a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la obtención de los datos bancarios publicados por 'El Mundo' el 7 de julio de 2014", según sostuvo.
Por otro lado, Francesc Sánchez, letrado que representa a Oriol Pujol, afirmó que "parte del aparato del Estado" estaba intentando "influir en todo un procedimiento que se estaba produciendo en Cataluña", refiriéndose al 'procés'.
En concreto, leyó uno de los escritos atribuidos a Villarejo en el que indicaba que "un elemento que podía ser interesante era el dinero obtenido ilegalmente por parte del sector independentista, fundamentalmente de la familia Pujol", un encargo del "que en ese momento era presidente del Gobierno, el señor M. Rajoy".
La fiscalía pide hasta 29 años de cárcel
La Fiscalía pide la pena más alta, de 29 años de prisión, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones, según su escrito de acusación. Para su exmujer Mercè Gironès, quien la fiscal señala que compartió el patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.
En el caso del expresidente, Anticorrupción solicita 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus otros seis hijos, pide penas de entre 8 y 17 años de prisión.
Al margen de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.
Para el resto de acusados, que son empresarios, la Fiscalía pide penas de dos y tres años de prisión por delitos de falsedad de documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales. Y, además, solicita se les imponga multas que van desde los 200.000 euros hasta los 8 millones.
