La crisis abierta en la cúpula de la Policía Nacional tras la denuncia por presunta agresión sexual contra quien hasta hace apenas tres días era su máximo responsable operativo dio este jueves un nuevo giro con la decisión de ofrecer protección policial a la agente denunciante. La medida ha sido adoptada por la comisaria principal Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, que ha asumido de manera interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO).
Según informó el Ministerio del Interior, Barroso contactó personalmente con la víctima -una agente que acusa al exDAO José Ángel González Jiménez- para ofrecerle protección policial, que finalmente ha sido aceptada. La funcionaria se encuentra de baja desde julio de 2025 y presentó el pasado mes de enero una denuncia en un juzgado de Madrid por un presunto delito de agresión sexual con penetración, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.
La decisión llega en paralelo a las críticas públicas del abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, que reprochó que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se haya puesto en contacto con su clienta. El letrado se preguntó “dónde está la empatía” que, a su juicio, proclama el Gobierno Sánchez en su discurso sobre la protección a las víctimas.
Piedrafita, que considera que no es su defendida quien debe pedir dimisiones, sino el ministro quien debe asumir eventuales responsabilidades políticas, sí agradeció el trato recibido por parte de la DAO interina. Según relató, Barroso atendió a la agente con “mucho tacto y empatía” y la animó a seguir adelante con la denuncia “hasta el final con todas las consecuencias”. “Se quedó de piedra ante lo que le estaba contando, y desde luego que le dijo que estaba haciendo lo correcto”, aseguró.
La querella sitúa el origen de la baja médica de la agente en una llamada recibida el 24 de julio de 2025 desde el despacho de González, apenas tres meses después de la presunta agresión sexual que, según el relato de la víctima, habría tenido lugar el 23 de abril de ese mismo año. En ese momento, la funcionaria se encontraba incorporándose a su nuevo destino en la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, en la sede de la Dirección General de la Policía en la madrileña calle Miguel Ángel, el mismo edificio en el que trabajaba el entonces DAO. De acuerdo con el escrito presentado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, la agente comunicó a Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por motivos de salud mental tras recibir la llamada. Fue entonces cuando quedó a disposición del equipo de apoyo psicosocial, que mantiene su seguimiento desde entonces. La baja laboral con retirada del armamento continúa vigente a día de hoy.
Publicado el cese en el BOE
La denuncia incluye además la recopilación de llamadas, mensajes y audios en los que se atribuye tanto a González como a su asesor, el comisario Óscar San Juan González, una presunta “campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica” destinada a silenciar a la víctima, a quien -según el texto- se habrían ofrecido distintos destinos dentro del cuerpo a cambio de no acudir a la justicia. Ambos han sido relevados de sus cargos.
El cese del ya exdirector adjunto operativo ha quedado formalizado este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado mediante una orden firmada por Grande-Marlaska, después de que el propio González comunicara su renuncia al cargo. La salida conlleva la pérdida del vehículo y la vivienda oficiales asociados a su puesto como máximo jefe operativo de la Policía Nacional.
Mientras tanto, la Dirección General del cuerpo ha abierto una investigación reservada para esclarecer quién tenía conocimiento de la denuncia presentada el 9 de enero. Mandos policiales consultados cuestionan que un asunto de esta gravedad permaneciera limitado al entorno inmediato del denunciado, lo que ha alimentado dudas internas sobre la posible existencia de fallos en los mecanismos de prevención y supervisión.
El impacto del caso ha generado un notable estupor entre agentes y responsables policiales, que lo califican de golpe “demoledor” para la institución y de la crisis interna más grave desde la llegada a Interior de Grande-Marlaska.
