El Gobierno español ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un paquete de ayudas para las víctimas de los últimos accidentes ferroviarios sucedidos en Gelida (Tarragona) y Adamuz (Córdoba). Ha establecido una cuantía total de 210.000 euros por fallecido, lo que en conjunto supondrá un total de 20 millones de euros. Estas ayudas se abonarán en un único pago, estarán exentas de tributación y serán complementarias a las abonadas por los seguros.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa tras la reunión para presentar el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Apoyo a las Víctimas de los Accidentes Ferroviarios de Gelida y Adamuz que se acaba de aprobar en consejo de ministros. Esta nueva norma, ha destacado el ministro, nace del "aprendizaje de algunas experiencias pasadas" y una convicción muy clara: "ante una tragedia de esta magnitud el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios, debe anticiparse, estar presente y actuar con humanidad", ha apuntado.
Real Decreto Ley para el apoyo a las víctimas
Puente ha subrayado que el Real Decreto tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, garantizar ayudas inmediatas para las víctimas y sus familias; y, por otro, adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de responsabilidad civil. En total, el Gobierno destinará 20 millones de euros, la mitad en concepto de ayudas directas y la otra mitad como anticipos de las indemnizaciones que posteriormente gestionarán las aseguradoras.
En los casos de fallecimiento, el Estado abonará 72.000 euros como ayuda directa a fondo perdido, exenta de tributación, y otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil. Una vez determinado el baremo definitivo por parte del seguro obligatorio, los familiares recibirán una cantidad adicional idéntica. De este modo, en un plazo máximo de tres meses, cada fallecido percibirá un total de 216.000 euros: 72.000 como ayuda estatal, 72.000 como anticipo y 72.000 más correspondientes al seguro.
Para las víctimas con lesiones físicas, las ayudas se estructuran en función del nivel de gravedad, conforme al baremo establecido: desde 2.400 euros hasta más de 84.000 euros, cantidades que igualmente se complementarán con la parte proporcional del anticipo del seguro. Todas las ayudas se abonarán en un único pago, compatibles con las indemnizaciones del seguro y exentas de tributación. "Queremos que lleguen rápido, sin cargas añadidas ni trámites innecesarios", ha afirmado el ministro.
Puente ha insistido en que las víctimas "tienen derecho a una atención integral", tal como recogen la normativa nacional y europea. En este sentido, ha recordado que los procedimientos judiciales y administrativos "no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una catástrofe de esta magnitud". Por eso, ha afirmado, el Gobierno español ha decidido actuar para evitar que "la incertidumbre económica se sume al dolor emocional", facilitando ayudas que permitan afrontar gastos médicos, tratamientos psicológicos, desplazamientos, cuidados continuados o la "reorganización de la vida cotidiana", tal y como ha apuntado el propio ministro.
Dos "tragedias ferroviarias de una magnitud excepcional"
El titular de Transportes ha enmarcado estas medidas en un contexto especialmente doloroso. "España ha vivido en apenas tres días dos tragedias ferroviarias de una magnitud excepcional", ha señalado. En el accidente de Adamuz viajaban 527 pasajeros; entre ambos siniestros se contabilizan 210 heridos y 46 personas fallecidas. "Ninguna cifra explica lo ocurrido", ha lamentado Puente, que también ha querido reconocer la “rapidez, profesionalidad y entrega” de todos los equipos de emergencia que intervinieron desde el primer momento.
"El Estado debe estar presente, dar la cara y actuar con humanidad", ha concluido el ministro. "La responsabilidad de las instituciones no termina en el lugar del accidente; comienza después. Y este Real Decreto es la prueba de ese compromiso".