El PSOE admite que pagó más de 15.600 euros a Leire Díez por sus servicios como periodista en 2017
Los socialistas aseguran que Díez "no ha tenido relación laboral ni ha ocupado cargos orgánicos dentro del partido
El PSOE ha remitido documentación al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en la que reconoce un pago total de 15.612,04 euros brutos a la exmilitante socialista Leire Díez por sus servicios al PSOE de Cantabria como periodista durante 2017.
No obstante, el partido asegura que Díez "no ha tenido relación laboral ni ha ocupado cargos orgánicos dentro del PSOE", aunque fue concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas entre 2011 y 2015 en el Grupo Municipal Socialista.
La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el socio de Cerdán
Díez se afilió al PSOE el 18 de abril de 2006 en Portugalete y luego en Vega de Pas, causando baja el 4 de junio de 2025. El juez solicitó al PSOE información sobre su afiliación y actividades, así como mejoras y transcripción de grabaciones aportadas por la Fiscalía sobre reuniones de Díez y otros investigados.
Detención y acusaciones
La Guardia Civil detuvo a Díez el 10 de diciembre, junto al expresidente de SEPI Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, en una operación ordenada por la Audiencia Nacional bajo secreto de sumario. Díez también está investigada por tráfico de influencias y cohecho en el Juzgado de Instrucción Número 9.
El juez considera que Díez lidera una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de afectar investigaciones sobre políticos y empresarios. Durante su declaración, Díez defendió que sus reuniones con miembros del PSOE fueron como periodista, sin ofrecer favores, y repasó su carrera profesional en Enusa y Correos.
Libertad con medidas cautelares y bloqueo de cuentas
Tres días después de la detención, el juez Antonio Piña dejó a Díez, Fernández y al empresario Antxon Alonso en libertad con medidas cautelares, incluyendo retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales.
Recientemente, la Audiencia Nacional acordó bloquear las cuentas bancarias de los tres investigados en relación con una presunta trama de comisiones por ayudas y contratos públicos, por un total de 700.000 euros, implicando empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI. La causa, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, con un grupo autodenominado "Hirurok" que podría haber influido en expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros.
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