El Gobierno español defiende haber cumplido “total o parcialmente” la mayoría de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) en materia de prevención de la corrupción, después de que el organismo hiciera públicos dos informes en los que destaca que el Estado no ha aplicado “de manera satisfactoria” ninguna de sus sugerencias.
El Ejecutivo remitió un informe al GRECO en el que detalla que, “de las 30 recomendaciones trasladadas a España” en dos rondas de evaluación –la cuarta, adoptada en 2013; y la quinta, adoptada en 2019–, “24 se consideran cumplidas o parcialmente cumplidas”, mientras que sigue avanzando en el estudio de las seis restantes para implementarlas.
Según informó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en un comunicado, de las once recomendaciones de la cuarta ronda de evaluación, referida a la prevención de la corrupción en miembros de parlamentos nacionales, jueces y fiscales, ya ha cumplido de manera total o parcial todas, incluida la última que tenía pendiente, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Cumplimiento parcial
En cuanto a la quinta ronda, referida a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad de miembros de gobiernos estatales, así como en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el Ejecutivo celebró que el GRECO concluya que España “ya está cumpliendo parcialmente 13 de las 19” propuestas.
Según Moncloa, ya habría cumplido de manera total o parcial 24 de las 30 recomendaciones de este organismo del Consejo de Europa, creado en 1989 para mejorar la capacidad de sus 47 países miembros de luchar contra la corrupción.
No obstante, el GRECO destacó en sus informes una “pobre implementación” por parte de España de sus recomendaciones, detallando que ha aplicado de manera parcial 13 de las 19 recomendaciones y no ha llevado a cabo en ningún modo las otras seis, todas correspondientes a la quinta ronda de evaluación, la referida a la prevención de la corrupción en altos cargos de la administración pública.
“Debido a la pobre implementación de sus recomendaciones, el GRECO sometió a España al procedimiento de incumplimiento de la quinta ronda de evaluación y solicitó a las autoridades que informaran sobre los avances”, esgrimió el organismo en sus informes, que evaluará los avances en la sesión plenaria que celebrará a principios de junio en Estrasburgo.
Ley de transparencia
El Gobierno español trasladó al GRECO de algunas medidas adoptadas a lo largo de 2024 y 2025, con posterioridad al informe. La principal es el Plan de Acción por la Democracia, “una hoja de ruta para fortalecer” los principales elementos del Estado de Derecho y “dotar de más herramientas a la sociedad civil para evaluar la acción de los poderes públicos”.
Dentro del plan, una de las primeras iniciativas es la creación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para “garantizar la protección de la persona informante y servir de pilar institucional en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción”. Asimismo, el pasado enero aprobó el proyecto de Ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, “que será la primera regulación de las relaciones entre los ‘lobbies’ y los empleados públicos”.
Dimisión de Bolaños
La portavoz adjunta del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo pidió la dimisión o destitución del ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras declarar como testigo ante el juez que investiga la causa contra Begoña Gómez, ya que considera que este interrogatorio es “la viva imagen de su propio fracaso y de la degradación democrática”. Añadió que su salida “sería la mejor manera de responder al demoledor informe” del GRECO sobre las recomendaciones del Consejo de Europa contra la corrupción.
