El Supremo confirma la condena de 4 años y medio de prisión para Laura Borràs

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena por prevaricación y falsedad documental impuesta a la expresidenta de Junts Laura Borràs, a penas de 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018, al tiempo que ha rechazado su petición de que se le aplique la amnistía.

Borràs alegaba para considerar que debía serle aplicada la amnistía que en su persona concurre un "perfil netamente independentista" y que desarrolló la dirección de la Institució de les Lletres Catalanes "en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista".

El Supremo contesta que "ni el perfil, ni el desarrollo de una acción de gobierno, en la parcela administrativa que dirigía la recurrente, permiten considerar que la conducta por la que ha sido condenada se enmarca en un contexto del denominado proceso independentista catalán".

Su conducta no se encuadra en ninguno de los apartados de la amnistía

Añade que el hecho probado refiere una contratación administrativa para facilitar una adjudicación directa a una persona obviando la normativa que está prevista para evitar la corrupción y asegurar la transparencia y la igualdad de los posibles licitantes.

Para el Supremo, en ninguno de los apartados de la ley de amnistía puede encuadrarse la conducta de Borràs, "a excepción de la consideración de la existencia de un perfil intensamente independentista, que remite a una consideración propia de un derecho penal de autor y no un derecho penal de actos, que es lo reflejado en el hecho probado, en el que se refiere una conducta que ha sido subsumida en un tipo penal". 

"Abatir la discrepancia"

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha asegurado que ha habido 'lawfare' en la sentencia de Borràs tras ratificar el Supremo su sentencia por su gestión al frente de la ILC.

"El enésimo capítulo de esta causa general donde el 'lawfare' se convierte en una apisonadora de derechos y libertades, una herramienta para abatir la discrepancia política", ha afirmado el presidente del Parlament en un mensaje en X recogido por Europa Press.