Salvador Illa, president electo del Govern de Catalunya, estrena el cargo en medio de la tormenta autonómica contra el acuerdo de “financiación singular” que ha sustentado su elección gracias al respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La materialización de su investidura durante el pleno del jueves en el Parlament catalán volvió a agitar la oposición de los gobiernos del PP, que anuncian medidas.
A la dificultad de cerrar una mayoría en el Congreso, que aún no está asegurada, para las reformas legales precisas, se suma la campaña de reacción que protagonizan los gobiernos autonómicos del PP y el mismo PSOE. Este viernes, el Gobierno andaluz (PP), a través de su consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, reclamaba una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que están representados los gobiernos autonómicos y que analiza el reparto de los recursos económicos de las Comunidades de régimen común -todas salvo la del País Vasco y la Foral de Navarra-.
El rechazo al modelo financiero para Catalunya lo reiteraron de nuevo los Gobiernos de Murcia, Aragón y Madrid, todos en manos del PP, aunque también es conocido el rechazo de los de Asturias y Castilla-La Mancha, del PSOE.
La consejera andaluza reveló que el PP ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso para que explique el alcance de lo acordado para propiciar la investidura de Illa y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, aseguró que llevarán cualquier reforma ante los tribunales.
A la ministra Montero le reprocha el PP que en el último CPFF, celebrado el mes pasado, poco antes de anunciarse el acuerdo sobre financiación de Catalunya, hubiera dirigido toda la reforma del sistema de financiación del conjunto de las autonomías al marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que rige la estabilidad del sistema de régimen común.
Reforma de la Lofca
No obstante, es precisamente la reforma de la Lofca la que se precisa para aplicar la modificación para Catalunya y la dificultad para alcanzar en el Congreso la mayoría suficiente para ello es ahora mismo evidente.
Los votos necesarios para afrontar esa reforma están en manos de partidos como mínimo reticentes. La oposición del PP y Vox es más que conocida, pero este virenes, Coalición Canaria, a través de su secretario de Organización, advertía que presentará “batalla” para evitar un sistema de concierto que considera perjudicial para el archipiélago.
A la izquierda del PSOE tampoco hay un respaldo asegurado. El portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, trataba de rebajar las críticas surgidas desde su organización y vinculaba la reforma de la financiación a una “oportunidad histórica” en favor de un modelo confederal.
En cambio, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ratificaba casi a la vez que rechaza la fórmula de un concierto económico para Catalunya y, al respecto de las divergencias internas en la coalición, consideró en una entrevista con Europa Press que es preciso “desdramatizar la discrepancia (...) Porque no hay texto sobre el que posicionarse”.
Preocupación patronal
También la patronal catalana Fomento del Treball ponderaba la investidura del líder socialista catalán como una posibilidad de cooperación para recuperar el potencial económico e industrial de Catalunya, pero al mismo tiempo mostraba su preocupación por la tentación “intervencionista” que pudiera tener el nuevo Govern.
En una nota pública, la patronal lamentaba las medidas fiscales conocidas -de no eliminar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones y de no deflactar la inflación en el IRPF- y la consideró una política fiscal “miope” que “frena la inversión y desincentiva el ahorro”.
