La Fiscalía de Madrid también ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar el 30 de julio como testigo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la causa en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias, al no verla necesaria, útil o pertinente.

"¿Qué se espera que declare el testigo llamado sobre la actividad atribuida a su esposa?, se pregunta el fiscal en el recurso presentado este martes.

En su opinión, "la parquedad" de la resolución dictada, con "errores", por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid no permite saber qué es lo que busca el juez con la declaración del presidente del Gobierno, y además su "premura" al adoptar la decisión dificulta la tramitación de los recursos que podrían combatirla.

Es crítico el fiscal al dejar claro que la igualdad de los ciudadanos ante la ley, protegida en la Constitución, "no puede hacer de peor condición a quien ejerce un cargo público relevante (ni a su esposa)".

Aunque el presidente del Gobierno -añade- puede "ser objeto de las legítimas críticas en ámbitos variados, propios de una sociedad democrática, no debe verse abocado a un tratamiento procesal distinto ni más gravoso que el resto de ciudadanos".

Además, para el fiscal, "investigar la posible relación de la persona investigada con una autoridad resulta sencillamente incierto" porque "es notoria" la relación entre ambos.

Su recurso se une al que también la defensa de Gómez, Antonio Camacho ha presentado este martes. Ambos piden al magistrado que reconsidere su decisión y el fiscal también solicita que, en su caso, de forma subsidiaria, permita la declaración de Sánchez por escrito, una posibilidad que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) si la declaración es sobre cuestiones relativas a su cargo.

El magistrado, sin embargo, quiere acudir a La Moncloa a interrogar a Pedro Sánchez en virtud de varios artículos de la norma que, para algunos cargos públicos como el presidente del Gobierno, recogen la posibilidad de interrogar "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo" en su domicilio o despacho oficial.

"Subterfugio"

El fiscal considera que el juez ha acudido a un "subterfugio" para fundamentar su decisión de interrogar a Sánchez en La Moncloa y afirma que "se ha orillado y excluido la posibilidad de declaración por escrito"

La providencia, dice, se centra en "circunstancias accesorias" para grabar la declaración del presidente del Gobierno español, en lugar de "motivar" su decisión.

Aunque está "radicalmente en contra" de citar a Sánchez, el fiscal cree que si el juez fuera "coherente con lo manifestado", le permitiría declarar por escrito, ya que hay "numerosas menciones" en escritos de las acusaciones populares que aluden a actuaciones de Pedro Sánchez "en el marco de la función de presidente del Gobierno".

Una causa "desmesurada"

En su recurso, la Fiscalía afirma que la investigación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios tiene "una amplitud claramente desmesurada y carente de cualquier precisión o definición", en la que en las últimas semanas el juez ha citado a testigos que, "inmediatamente y sin motivación alguna", ha convertido en investigados.

Es el caso del empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense y adjudicatario de varios contratos investigados, y del rector de dicho centro, Joaquín Goyache.

Es "preocupante", dice el fiscal, cómo se usan declaraciones de testigos prestadas bajo juramento para empeorar su condición e imputarles, sin apercibirles en la misma comparecencia.

Con todo, la Fiscalía reitera que no ve "necesaria" la declaración de Pedro Sánchez en una investigación en la que "se vienen realizando todo tipo de diligencias, aun generales, de amplio espectro y escasa concreción" que -subraya- "no han obtenido los fines pretendidos".