La Fiscalía Europea (EPPO) ha preguntado al juez que admitió la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, si la causa que dirige afecta a contratos suscritos con fondos europeos y ya analiza documentación del procedimiento para determinar si es competente para investigar.

En un decreto del 26 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el órgano comunitario pide al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le informe de los hechos y delitos que investiga y si en el procedimiento "estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley".

Los fiscales europeos delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalan que la Fiscalía Europea "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia" para investigar dichos contratos, por los que solicita que le remita la documentación oportuna.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan Carlos Peinado le responde al órgano comunitario y le facilita copia de los documentos requeridos, aunque no se pronuncia sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos. Será la propia Fiscalía Europea la que tenga que determinarlo.

El instructor señala que en los hechos que investiga constan "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades 'Innova Next', 'SLU Escuela de Negocios', y 'The Valley'.

El juez abrió diligencias contra Begoña Gómez porque la denuncia relata "hechos concretos"

El juez que investiga la denuncia contra Begoña Gómez justificó la apertura de diligencias porque la denuncia de Manos Limpias, hecha con noticias de prensa, relata "hechos concretos" de actuaciones que "descartan una investigación prospectiva".

En el auto de incoación de diligencias previas, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, explica que "la simple presentación de una denuncia no exige la obligación de practicar diligencias" ya que si los hechos no son constitutivos de infracción penal, el juez pude acordar su archivo acorde a la ley.

Ahora bien, añade, que "como quiera que los hechos que se exponen se refiere a hipotéticos delitos de carácter público, cualquier ciudadano puede poner en conocimiento de un órgano jurisdiccional penal, la ocurrencia de dichos hechos".

"Esos hechos merecen ser investigados"

Tras lo cual hay que "examinar" si "ofrecen apriorísticamente verosimilitud de ser constitutivos de algún hecho delictivo", ya sea tráfico de influencias o corrupción en los negocios, para decidir si abre una investigación penal o archiva la denuncia del sindicato.

"Y lo cierto es que, con independencia de la fuente de conocimiento por parte del denunciante, que son medios de comunicación públicos, esos hechos merecen ser investigados, y son hechos concretos, de actuaciones en los que ha podido tener participación directa la denunciada, y esa concreción de hechos, descartan que la denuncia pretenda una investigación prospectiva", explica el juez para justificar la apertura de diligencias.

El juez se declara competente porque aunque "la persona denunciada sea la esposa del presidente del Gobierno, no le atribuye ningún fuero especial no teniendo la condición de persona aforada".

Además, aunque no cita a Begoña Gómez como investigada , pide que se le dé traslado de la apertura de diligencias para que si lo estima conveniente se persone con abogado y procurador "a los efectos de evitar indefensión". 

Pide a la UCO los contratos adjudicados a una empresa de Barrabés.

El juez ha pedido también a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le remita los contratos que fueron otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés desde Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid.

En otra resolución, el magistrado Juan Carlos Peinado también acordó la formación de una línea de investigación separada tras la filtración del informe de la UCO que descarta la vinculación de Begoña Gómez con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo que favoreciera el rescate de la aerolínea de la compañía por parte del Estado.